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30/10/2012 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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La Policía Municipal de Madrid "colgada" de los puentes
La Asociación de Policía Municipal Unificada muestra su descontento colgando muñecos disfrazados de agentes.

El último decreto aprobado por el Gobierno, que "empeora" las condiciones laborales de los funcionarios, se ha convertido en un "serio problema" en la Policía Municipal de Madrid, denuncian desde la Asociación de Policía Municipal Unificada. Según los agentes, el ayuntamiento ha hecho una interpretación "abusiva" del mismo y como consecuencia de ello, a partir del 1 de enero los policías se verán obligados a realizar ciclos de diez días de trabajo seguidos. Esto supone para los agentes, "una absoluta irresponsabilidad si tenemos en cuenta que prestan su servicio en la vía pública atendiendo situaciones, en las que es absolutamente necesario estar en plenas condiciones psicofísicas", denuncian. Argumentan que las propias directivas europeas que regulan las jornadas laborales policiales, especifican la necesidad de al menos un descanso cada siete días.

Además denuncian "las presiones a las que la Corporación les somete: Los agentes perderán entre el 50% y el 25% de su sueldo en los primeros 21 días de baja  por enfermedad común". Según ellos, "esto sumado al grave deterioro de sus ingresos, creara situaciones de autentico peligro social, cuando agentes portadores de infecciones contagiosas se vean obligados por las circunstancias, a relacionarse con una parte importante de la población". Y además "lo hagan con sus condiciones físicas  mermadas gravemente". Por otro lado, "los accidentes laborales están siendo objeto de escándalo en el seno del Cuerpo, por el tratamiento que se les está dando por parte de la mutua del trabajo ASEPEYO. Hace unos días un agente fue a una consulta de estos servicios tras sufrir un accidente laboral, donde le diagnosticaron la rotura de un ligamento en el tobillo y los servicios médicos le consideraron apto para reanudar su trabajo, no dándole la baja laboral".
El responsable de prensa de la recién creada, Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), Raúl Herrero, manifiesta que: “La grave irresponsabilidad en la que está cayendo el PP del Ayuntamiento de Madrid, está poniendo el servicio público de seguridad ciudadana, al borde del colapso” según él, prueba de ello es la imprevisión y la falta de efectivos y de medios con que los agentes contaron en los recientes altercados de la MTV y las fiestas de Fuencarral, que podrían haber acabado en una desgracia.
Hace unos días los propios agentes, promovieron una alternativa de horarios que cumplían con los requisitos establecidos por el Decreto, reducían ostensiblemente los gastos por horas extras para la Corporación y establecía una jornada laboral que si bien no consideraban de ningún modo buena, si les parecía más aceptable que la actual imposición del consistorio gobernado por Ana Botella. En opinión de los agentes, "la buena voluntad mostrada por ellos, al buscar alternativas buenas para la corporación y la ciudadanía aun a costa de recortar sus derechos aun más, fue destruida ante la negativa del consistorio a ni siquiera escuchar lo que tenían que decir".
Como consecuencia de todo esto y de forma espontanea, algunos agentes de todo Madrid, han decidido hacer llegar a la ciudanía, su frustración por lo que consideran "un irremediable deterioro de la calidad del servicio que prestan". Han emprendiendo acciones para llamar la atención, como colgar muñecos vestidos de policías en los diferentes puentes de Madrid, poner notas informativas en diferentes puntos de la ciudad o manifestarse frente a las sedes municipales.
Por otro lado los agentes están muy preocupados por el cumplimiento estricto de las normativas que regulan los medios de trabajo que afectan a su seguridad y las diferentes leyes que han de utilizar en su trabajo diario. Tanto es así que se ha elevado un informe por parte de miles de agentes en sus unidades, solicitando una aclaración sobre la forma de actuar a la hora de denunciar por la ley 5/2002, más conocida como la Ley anti botellón, en referencia a una comunicación interna, donde se les específica formas de actuación a este respecto, que no ven viables ni legales.

 









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