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Está imputado por cinco delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato debe comparecer este martes de nuevo ante el juez de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, para responder por cinco delitos fiscales y otro de blanqueo de capitales por los que está imputado en la investigación judicial abierta sobre su patrimonio y el entramado societario que controla.

El expresidente de Bankia ya fue citado por este mismo juez el pasado julio, pero entonces se acogió a su derecho a no declarar porque decía desconocer muchas de las acusaciones derivadas de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Antifraude (Onif) y la Fiscalía.

Desde esa primera citación, se han conocido nuevas sospechas de la Onif sobre que el exministro de Economía pudo blanquear dinero en el extranjero y, además, el caso ha salpicado a otras ocho personas, entre ellos, algunas de la máxima confianza de Rato, como su secretaria personal, Teresa Arellano, y su gerente y presunto testaferro, Miguel Ángel Montero.

Ambos están imputados por los mismos delitos que el exvicepresidente -a los que se añade otro de corrupción entre particulares- y ya acudieron a los Juzgados de Plaza de Castilla el pasado viernes, después de haber sido detenidos por la Guardia Civil, que practicó además registros en sus domicilios para recabar documentación. Tras esas detenciones, Rato también declaró el jueves pasado en la Comandancia de la Guardia Civil.

La investigación sobre la empresa Kradonara

El juez continúa avanzando en la investigación, aunque el pasado viernes -después de dejar en libertar a Arellano y Montero e imponerles comparecencias mensuales en el juzgado- dictó un auto en el que solicita al Tribunal Supremo que decida sobre la competencia en este caso que, en su opinión, corresponde a la Audiencia Nacional.

La investigación ha quedado dividida en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway, y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza.

Esta sociedad de escasa actividad, constituida en 2001, cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, según el juez. A partir de ese punto, comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas: la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en las islas Bahamas.

Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato. Zenith y Publicis pagaron comisiones por importe de 800.000 euros a cambio de estos anuncios y, más de la mitad, se derivaron a otra empresa relacionada con Rato y con su exmujer, Angeles Alarcó. Se trata de la compañía Bagerpleta, con sede en Alemania y propietaria de un hotel en Berlín.

Bagerpleta encabeza la tercera línea de investigación. El juez asegura que recibió, no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios, sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e "ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias".

El caso Rato estalló el pasado mes de abril, cuando el exvicepresidente del Gobierno popular de José María Aznar fue detenido, si bien su arresto se limitó tiempo que duraron los registros en su vivienda y en su despacho, unas siete horas. Estas medidas se produjeron tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid en los Juzgados de Instrucción de Madrid.

 









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