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28/08/2017 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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UGT teme conflictos laborales en la seguridad de Metro
Tras la comunicación de la dirección de Seguridad Integral Canaria (S.I.C) del cese en su actividad y abandonar el mercado de la vigilancia, y, ante la posibilidad de que los vigilantes de seguridad de la red de Metro, que trabajan para esta empresa, dejen de percibir sus salarios a la manera de lo que está ocurriendo en otras zonas de España, UGT anticipa que habrá conflicto laboral en la seguridad de la compañía. 

S.I.C. es la prestataria de los servicios de vigilancia de la Zona Centro, Metro Sur, Línea 11, Suroeste de Línea 5, Línea 10 y parte de la línea 6, en donde 400 profesionales garantizan la seguridad de las instalaciones, bienes y personas que circulan por la red, pero que desde hace meses vienen sufriendo retrasos continuados en el abono de las nóminas.

Valle Sanz, Responsable UGT en SIC –Madrid, denuncia que S.I.C. es un claro ejemplo, no el único, de una oferta de seguridad “low cost”, que tiene como estrategia empresarial situarse en posiciones de dominio en el mercado a partir de rebajar precios, situando a los empleados en un marco de relaciones laborales “muy regresivo”.

UGT ha traslado a la dirección de Metro Madrid la urgente necesidad de que se activen los mecanismos legales que terminen con la prestación del servicio por parte de S.I.C. ante la posibilidad, hoy cierta, del cese de su actividad. El Sindicato resalta que evitar el conflicto no pasa solo porque S.I.C. ceda el contrato, sino que la cesión se haga a una empresa que cumpla el convenio colectivo estatal y mantenga todos los derechos a los trabajadores. Si alguien está planteando que la cesión se haga a alguna de las empresas que comparte asociación profesional con SIC ( Marsegur o Sinergias), la respuesta sindical va a ser contundente.

La contratación de la vigilancia de Metro a S.I.C. muestra las contradicciones del Partido Popular en Madrid, porque mientras la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en su discurso, aboga por una contratación pública socialmente responsable, situaciones como las de S.I.C. demuestran lo contrario. Contratar empresas solventes y fiables, debe ser una prioridad de las Administraciones Públicas y en este caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

“Desde Seguridad de UGT denunciamos la contratación pública que, bajo apariencia de legalidad, esconde precariedad en el empleo y exigimos  que se termine con esta suerte de “dumping social “que tiene como objetivo eliminar derechos y bajar salarios de los trabajadores y trabajadoras”.

 









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