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09/10/2014 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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En los últimos meses el Ayuntamiento de Madrid está impulsando una verdadera avalancha de actuaciones urbanísticas que benefician a determinados sectores financieros, inmobiliarios y grupos afines al Partido Popular. Muchas de estas actuaciones incluyen aumentos desorbitados de edificabilidad, expolio de suelos y dotaciones públicas o la descatalogación y destrucción de edificios históricos protegidos, todo ello con el único objetivo de satisfacer los deseos y maximizar el lucro de los propietarios, promotores o fantasmales "inversores". Estas operaciones especulativas son social, ambiental y económicamente insostenibles, no dan respuesta a las necesidades reales de la población y tendrán un impacto negativo e irreversible en la calidad de vida de la ciudadanía de Madrid.

La lista de operaciones urbanísticas es muy larga: reforma-demolición del Edificio España y reforma de la Plaza España con centro comercial subterráneo; Operación Mahou-Calderón; Plan Especial de la Quinta Torre Arias; reforma de la Plaza de la Cebada; Operación Canalejas; recalificación especulativa de las Cocheras del Metro de Ventas, Cuatro Caminos y Plaza de Castilla y de las instalaciones de Pacífico; enajenación y recalificación del Parque Móvil de Ministerios en Cea Bermúdez; modificación de la plaza de la Villa de París; venta de las viviendas públicas de la EMVS y del IVIMA a fondos buitres; proyecto para instalación de terrazas acotadas en Sol y en la Plaza Mayor (ambas son BIC); proyecto de conversión en centros comerciales del Palacio de la Música y del Teatro Albéniz; además de actuaciones en Delicias y Legazpi. A ellas hay que sumar las operaciones que vienen de antes, muchas de ellas en el aire por decisiones judiciales adversas: Operación Chamartín; Cornisa-Vistillas-Seminario; ampliaciones de tres centros de El Corte Inglés; PERI del Paseo de la Dirección en Tetuán; o la ampliación del Estadio Bernabéu. Por último, recientemente concluyó el periodo de alegaciones del Plan de Sectorización de la Nueva Centralidad del Este (el extenso terreno entre La Peineta y Coslada en el que se iba a haber construido la Villa Olímpica y ahora se pretende construir 12.000 viviendas y un centro comercial); se ha anunciado que se retomará vía concesión el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas; y se ha anunciado un megacentro comercial de “escala Eurovegas” del grupo chino Wanda (el mismo que ha comprado el Edificio España), posiblemente en los terrenos de la Operación Campamento.

Las operaciones se están tramitando al margen de la ciudadanía y de las necesidades de los barrios, en ocasiones con un fortísimo rechazo vecinal. Es el caso del Plan Especial de la Quinta de Torre Arias (San Blas), por el que se pretende ceder el palacio de la Quinta a una entidad privada, posiblemente a la Universidad de Navarra, y contra el que se han presentado 1.190 alegaciones que fueron rechazadas. La Operación Mahou-Calderón (Arganzuela), que prevé la construcción de diez torres, dos de ellas de 36 plantas, ha suscitado 60.000 firmas en su contra. El llamado #PelotazoBernabéu (Chamartín) ha sido paralizado cautelarmente por la justicia tras el recurso de Ecologistas en Acción, que contó con los donativos de cientos de personas para sufragar los costes del mismo.

Del análisis del conjunto de estas actuaciones, la Plataforma NO A ESTE PLAN concluye que estamos ante un nuevo escenario. Se están sacando adelante y de forma individual todas las operaciones a las que la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) pretendía dar carta legal, pero ante la dificultad de poder aprobar el PGOUM antes de las próximas elecciones municipales de 2015, se pretende blindar preventivamente ciertas operaciones especulativas ante un posible cambio de gobierno. Se evita así el debate ciudadano de las mismas y de lo que suponen, en conjunto, como modelo de ciudad. No se trata de actuaciones aisladas sino de un “plan de hecho”, una estrategia territorial de “pelotazos” para el sector financiero-inmobiliario que significan desposesiones y atentados contra el derecho a la ciudad que tenemos los ciudadanos.

La Plataforma NO A ESTE PLAN -que está formada por asociaciones vecinales, ecologistas, de defensa del patrimonio, urbanistas, sindicatos y partidos políticos- a la vez que mantiene su rechazo al Avance de la Revisión del PGOUM, amplía su actividad a la denuncia de este “plan de hecho”, y defiende la apertura de un auténtico proceso de debate y participación pública sobre el urbanismo de la ciudad. 

Comentarios: 1
Francesc Artola Peris dijo el 13/10/2014 a las 08:10h.
Que se denuncien estos planes perversos en la calle, que candidaturas de amplia base social movilicen a la ciudadania en cada barrio, y no se permita una carga más para los próximos responsables elegidos por la ciudadania. Al mismo tiempo vigilar los gastos hasta el final de la legislatura.    Avisar al moderador








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