En estos días todos hablan de él. Era Álvaro Ussía, el joven que murió a las puertas de la discoteca El Balcón de Rosales, presuntamente a manos varios porteros que custodiaban la entrada. Tras su muerte se han escrito cientos de páginas y se han dedicado infinitos minutos en espacios radiofónicos y televisivos. Una cobertura mediática poco habitual, porque no es el primero y tristemente no será el último. La familia, los amigos y compañeros de Ussía remueven cielo y tierra: no quieren impunidad y tampoco quieren que se vuelva a producir. Una comisión del Colegio Monte Tabor, donde estudiaba Ussía (encabezada por el director del centro, un profesor, un padre y seis alumnos) ha presentado un manifiesto a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. Por otro lado, se buscan responsables y se encuentran: tres porteros -contratados por una empresa externa- están acusados de propinarle la paliza que le causaría la muerte, según apuntan las primeras investigaciones policiales.
El Ayuntamiento bajo lupa
Durante estos días, la imagen del Ayuntamiento no está quedando muy bien parada. Se acusa al “Gobierno local de no haber tomado las medidas necesarias” antes de lamentar males mayores; “entre 2005 y 2007 la Policía Municipal realizó una decena de inspecciones y presentó hasta 57 denuncias”, así lo defienden los grupos de la oposición -IU, PSOE- quienes han solicitado la intervención del concejal de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín, en el Pleno de noviembre.
De la noche a la mañana, “se comunica que el Balcón de Rosales está cerrado”, según reza un cartel en las puertas del mismo. No tenía licencia; no para ser discoteca. Según Ballarín, “el local presentaba una licencia aprobada por el Pleno de la Ciudad de Madrid el 26 de octubre del 2000 como café espectáculo, con el mismo horario que el de una discoteca”. Sea como fuere, se echa el cierre al local y a otros tantos como es el caso de Moma y But -en el distrito de Chamberí- y la Riviera en Argan-zuela-, todos con una larga trayectoria en la noche madrileña.
Con respecto a las 57 denuncias presentadas por la Policía Municipal, de todas ellas, “sólo 4 han llegado a Moncloa; la más importante data del 12 de mayo del 2007 y revelaba la venta de alcohol y tabaco a menores de edad. Otras dos peticiones llegaron dos días después de su cierre”, explica Ballarín, quién hace hincapié en “los más de 140.000 porteros que trabajan en España, muchos de ellos sin registrar, aumentando así el intrusismo en este colectivo”. Un intrusismo peligroso, que pone a prueba a políticos y ciudadanos, y que clama la necesidad de tomar medidas urgentes en materia normativa. Las tres administraciones, Comunidad, Ayuntamiento y Go-bierno central, toman cartas en el asunto. La primera promete un Decreto de Ley que regulará a los porteros de discoteca; el segundo, más presencia policial en los lugares de ocio nocturno; y el tercero, una reunión con los representantes de este colectivo. Todos en sintonía para evitar que haya que lamentar de nuevo situaciones como esta.
