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29/10/2010 - Almudena Cortés Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Los vecinos han colgado pancartas a modo de denuncia.
Los vecinos han colgado pancartas a modo de denuncia.
30 familias de la calle Ciudad Encantada luchan para poder comprar sus viviendas
Son viviendas de protección oficial, que han sido compradas por una empresa. Quieren que no se impongan los precios de vivienda libre.

 

“Vamos a luchar hasta el final. Si a pesar de todo nos tenemos que ir de nuestras casas, que la lucha valga, al menos, para que esto no vuelva a pasarle a nadie”. Son las palabras con las que Patricia explica la situación por la que está pasando su familia y las otras 28 que viven en el 7 de la calle Ciudad Encantada. 

Son pisos de protección oficial, que construyó la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS), y que fueron entregados en febrero de 2003. 

“La propuesta era 10 años de alquiler (a 600 euros mensuales), y cuando pasara ese tiempo podríamos comprarlas, siempre a precio de protección oficial”, explica una de las afectadas. Pero el pasado mes de agosto, una carta les anunciaba que estas viviendas, propiedad de la EMVS, iban a ser subastadas el 13 de septiembre. Inmediatamente las familias comenzaron a movilizarse. En esta misma situación se encuentran promociones de otros distritos (Villa de Vallecas, Carabanchel y Hortaleza); en total 630 familias que se han unido para evitar quedarse sin su hogar. 
 
Desatendidos por la EMVS

Las familias de Moratalaz no están contentas con el trato que han recibido desde la EMVS. Se quejan de haberse sentido “abandonadas” en estos años. Explican que han tenido graves desperfectos en el bloque y “nadie ha venido a arreglarlos”.  Denuncian además la falta de información por su parte sobre este tema.  

La posición de los vecinos es clara: “No estamos mendigando ni pidiendo; queremos que se nos venda como se había acordado en su día, a precio de protección pública”, dijo una de las vecinas en el pasado Pleno de distrito, donde pidieron la palabra. 

Tras la subasta, estas promociones quedaron en manos de la empresa Lazora S.A., con la cláusula de que dichas viviendas deben destinarse al régimen de arrendamiento hasta el 31 de diciembre de 2020. Una vez pasado ese plazo, la empresa decidirá tanto el régimen como el precio de explotación de las viviendas. “¿Y qué hacemos dentro de 10 años? ¿Nos vamos a la calle?”, se preguntan. 

El concejal del distrito, Fernando Martínez Vidal, escuchó a los vecinos y les transmitió su apoyo: “a pesar de que la Junta Municipal no tiene competencia, más allá del asunto legal está la situación familiar y personal de muchas familias”. 

Por su parte, Ana Isabel Mariño, consejera de Vivienda y Medio Ambiente, ha confirmado que no se frenará la subasta ya que, entre otras cuestiones, los inquilinos no cuentan en sus contratos con una cláusula de opción a compra. La filosofía de estos pisos es la rotación, un sistema para “fomentar políticas de vivienda social”.

 









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