Las oficinas de UPyD en el Ayuntamiento están en un lugar privilegiado: la calle Mayor, muy cerca de la Casa de la Villa, esa joya desdeñada por el anterior alcalde, que prefirió invertir 500 millones de euros en el Palacio de Cibeles para trasladar allí la sede central del Ayuntamiento. Alrededor del edificio de la calle Mayor es muy habitual toparse con turistas de todo tipo. Estos días (escribo en la tercera jornada de la huelga de limpieza) resulta inevitable preguntarse qué imagen de Madrid se llevarán a sus países, si recomendarán a amigos y familiares una ciudad que, vamos a decir las cosas claras, está hecha un asco.
La huelga de limpieza supone un enorme daño a la imagen de Madrid, que pagaremos, durante mucho tiempo, en unos datos turísticos por debajo de nuestro potencial. Y no hablamos de un problema fundamentalmente de turismo: los madrileños pagamos impuestos para tener la ciudad limpia.
Frente a esta situación tan preocupante, contrasta la actitud de la alcaldesa Botella, que habla de una negociación entre sindicatos y patronal en la que el Ayuntamiento, según ella, no puede hacer otra cosa que hacerse a un lado. La ausencia de liderazgo político del equipo de Gobierno del PP es en este caso lamentable.
Pero, ¿de dónde viene el problema? El proceso arranca cuando el Ayuntamiento decide ahorrarse 79 millones de euros anuales en el servicio de limpieza, a pesar de que la ciudad ya está sucia por anteriores recortes presupuestarios en la prestación del servicio. El nuevo contrato entró en vigor el 1 de agosto, y las cuatro adjudicatarias tienen vía libre del Ayuntamiento para decidir cuántos trabajadores van a limpiar la ciudad. Ante lo ajustado de sus números, las empresas deciden limitar sus costes laborales y anuncian 1.144 despidos. Los trabajadores ponen pie en pared, y de ahí la huelga.
Empresas y trabajadores están defendiendo legítimamente sus intereses: nadie puede acusar a una compañía privada de querer ganar dinero ni a unos sindicatos de defender puestos de trabajo. El problema, en nuestra opinión, está en el diseño del contrato por parte del Ayuntamiento, pues busca prácticamente un único objetivo: ahorrar. Es un error garrafal. Los más de tres meses que llevamos con este nuevo contrato demuestran que una ciudad como Madrid necesita una inversión en limpieza notablemente mayor.
¿Tenía opciones el Ayuntamiento? Por supuesto: podía, y puede, gestionar mejor la ciudad para poder dedicar dinero a lo verdaderamente importante en vez de gastarlo en fuegos artificiales (¿se acuerdan de Madrid 2020?), asesores innecesarios, renovación de coches oficiales… Y no se trata sólo de elegir bien en qué gastar, sino también de pura y dura gestión política: únicamente en cuatro edificios municipales que están sin uso (Alberto Aguilera 22, Casa de la Carnicería, en la Plaza Mayor; Plaza de la Villa 5 y el antiguo Mercado de Frutas y Verduras de la Plaza Legazpi) el Ayuntamiento podría obtener seis millones de euros anuales en alquileres, alquileres que, por cierto, el mismo Ayuntamiento sí paga por otras oficinas diseminadas por la ciudad. Dinero para tener más limpia la ciudad hay, pero hace falta voluntad política para encontrarlo.
No estamos, por tanto, ante un pulso entre unas empresas y unos trabajadores, sino ante las consecuencias de la mala gestión del Ayuntamiento de Madrid. El PP se quiere lavar las manos, pero las tiene tan sucias como las calles de la ciudad.
