Cuando el actual gobierno se encontró al país en una situación crítica, lo único que no podía hacer es quedarse quieto. O lo que es peor, cambiar cosas para que nada cambiara, descansando en un sobrio rumiar y viviendo en el “dejémoslo para mañana”. Era su responsabilidad tomar decisiones que podrán ser aceptadas o no por los ciudadanos y apoyadas o no en unas futuras elecciones, porque caer en el error del inmovilismo sería como el de un cirujano: letal.
Las diferentes políticas públicas entrañan un trade-off entre eficiencia y equidad y especialmente entre tres de los cuatro pilares del estado de bienestar: la educación, la sanidad y los servicios sociales. El hecho de que las comunidades autónomas tomen decisiones propias respecto al qué, al como y al cuanto en la provisión de los bienes públicos, tienen implicaciones en términos de equidad respecto a las comparaciones entre ciudadanos de un mismo Estado que viven en regiones diferentes y no pocas veces son ineficientes.
Para evitar los problemas se deberían analizar las decisiones de provisión de estos servicios donde el gobierno tuviera al menos la capacidad de coordinación de las decisiones de las CCAA. En una región relativamente más pobre que el resto, los impuestos pagados serán proporcionalmente menores. Por contra, sus necesidades serán iguales dada la lógica universalidad de los gastos públicos. O incluso mayores, pues la menor renta puede dar lugar a una mayor dotación de ayudas vía servicios sociales.
El problema deriva en que algunos quieren considerar que la solidaridad deba limitarse a quienes, bajo el punto de vista de algunos, integran una, digamos, “genuina comunidad política”.
Por ello, resulta sorprendente que en pleno siglo XXI la Unión Europea disponga de más instrumentos de planificación, control y corrección de sus estados miembros que los que tiene el Estado español sobre sus Comunidades Autónomas, muchas de las cuales, por qué no decirlo son el producto del peso de la historia y de la negociación política más que de una reflexión económica.
A ningún país de la Unión se le ocurriría decir que independientemente de las decisiones que se tomen en el seno de la misma las incumpliría. Pues eso han dicho algunas comunidades respecto a decisiones emanadas en el seno del Parlamento español. Es legítimo cambiarlas cuando se tenga la responsabilidad de gobernar pero el no cumplirlas porque no se está de acuerdo va en contra de cualquier sentido práctico y de credibilidad internacional. Nadie está libre de que entre un latoso en su casa, pero es un error ofrecerles una silla.
