El Estado nacional o la nación estatal, sustrato de nuestra convivencia, que son como las dos caras de una misma moneda—las instituciones y los ciudadanos—, se hallan seriamente amenazados, y con ellos la seguridad y el orden social necesarios para garantizar la libertad de todos sus habitantes.
El «Estado Autonómico» consagrado por la Constitución de 1978, al romper el tradicional modelo centralizado del Estado español vigente durante los siglos XIX y XX, desmiente los principios que fundamentan el Estado Constitucional y constituye la causa principal del debilitamiento de la idea nacional de España. Las Autonomías se han convertido en la principal amenaza a la seguridad y libertad de todos.
A partir del sacralizado concepto de «autonomía», por desgracia el único aspecto verdaderamente original de la Constitución española, se procedió durante nuestra «Transición democrática», mediante un proceso de «descentralización», voz también sacralizada, a la radical modificación política y administrativa del Estado, que quedó plasmada en el tristemente célebre “Título VIII” de la Carta Magna.
Magno error fue, a mi entender, este arbitrio constitucional, y mayores aún si cabe los que vinieron después, en la misma línea al promover un modelo de Estado “abierto y en buena medida indeterminado”. En la práctica, la descentralización ha ido mucho más allá de la existente en muchos Estados federales, enmascarando un confederalismo abiertamente secesionista.
Las Autonomías, en su desnortado caminar, allanado por la voluntad de políticos demócratas de todos los partidos e ideologías, han fomentado, con verdadero entusiasmo y eficacia, el egoísmo, la insolidaridad y la desigualdad entre las regiones y los individuos. Se han quebrado y corrompido así los fundamentos de la vida nacional, la cual se basa, precisamente, en virtudes cívicas opuestas, la generosidad, la solidaridad y la igualdad legal y política de sus moradores.
