La sociedad española lo soporta casi todo, especialmente la sociedad catalana y muy particularmente la barcelonesa. Los acontecimientos de estos últimos días donde bandas de delincuentes amparados y protegidos por la alcaldesa Ada Colau han destrozado mobiliario urbano, incendiando contenedores y vehículos particulares, sembrando el miedo por las calles del barrio de Gracia, han puesto de manifiesto la complicidad de determinadas administraciones locales y autonómicas con los responsables de los hechos.
El ex alcalde de la ciudad condal perteneciente a la decrepita y corrupta convergencia, Xavier Trías, reconoce que llevaba meses pagando el alquiler, los suministros de agua y luz e incluso el IBI del inmueble de los ocupas ahora desalojados por orden judicial, total unos 5.500 euros mes. El razonamiento dado por el ex alcalde convergente es que así de esta manera se “evitaban incidentes”. Todo esto parece sacado de un guion de una mala película de Buñuel.
Resulta que el ayuntamiento de una de las ciudades más importantes de Europa se presta al chantaje de unos delincuentes en lugar de combatirlos y hacerles frente.
La sociedad catalana ha tenido que hacer frente al expolio generalizado del clan Pujol y sus secuaces durante décadas, también a la desastrosa gestión de eso que se conoció como “tripartito”, a la bajada de calificación del bono de deuda catalán por debajo del bono basura, inventándose una nueva categoría, la denominada sub basura, que para serles sincero, no sé ni siquiera si existe como tal, pero lo cierto es que el bono de deuda catalán esta equiparado al de países como Nigeria o Bangladés. La corrupción institucionalizada dentro del propio régimen catalán, llevo a graves acusaciones de mordidas y repartos del 3% sobre todo lo que la administración adjudicaba. Incluso los intereses que generaba el dinero depositado para el pago de nóminas de los funcionarios de la autonomía, era repartido por los del clan y los suyos. Pero si algo faltaba en todo este esperpento nos vino en forma de “tribu”. Los rústicos de la CUP, los del sangrado libre, los de la taza menstrual y las esponjas vaginales, dan soporte a un gobierno formado entre los mea pilas y corruptos de convergencia y los “mata curas” de Ezquerra Republicana de Cataluña.
La actual alcaldesa, fiel a su filosofía, decide no pagar, pues considera estas ocupaciones como algo licito. Además estudio la posibilidad incluso de comprar el inmueble para regalárselo a los delincuentes, después de pedir proporcionalidad a las fuerzas de seguridad del estado en sus actuaciones. Ada Colau, así como el gobierno autonómico, están apoyados por los mismos que promueven las revueltas y participan en los disturbios. Todo es muy edificante y ejemplarizante para un ciudadano que con sus impuestos mantiene y paga toda esta fiesta a la que no ha sido invitado.
La comunidad autónoma catalana está quebrada, pero se prefiere cerrar quirófanos a embajadas, se prefiere subir impuestos que mantengan los medios de comunicación y propaganda del “proceso”, a crear televisiones y radios objetivas, se prefiere hundir al pequeño comerciante que tomar medidas contra manteros e ilegales.
Las altas cotas de degeneración alcanzadas, se ven reflejadas en unos presupuestos autonómicos donde se destinan 50 millones de euros a la creación de una inexistente hacienda catalana y otros 50 millones al servicio exterior de la generalidad para representación de una comunidad que no es recibida por nadie y que pretende crear embajadas y delegaciones al margen del estado que todo lo consiente.
Hay veces donde uno se avergüenza del país en el que vive, no tanto por sus gentes como por sus dirigentes.
Javier GarciaIsac / Una hora en libertad
