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21/11/2012 - Alejandro Melgares Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Cuatro jóvenes con toda una vida por delante vieron truncado su futuro el pasado 1 de noviembre en una fiesta de Halloween, celebrada en el recinto Madrid Arena de la Casa de Campo. Katia, Rocío, Cristina y Belén fallecieron a causa de una avalancha y nadie pudo hacer nada por salvar sus vidas.

Katia, acababa de cumplir la mayoría de edad y era hija de Ángel Mª Esteban Sanz, exconcejal socialista de Daganzo. Cristina y Rocío, de 18 años, eran compañeras del instituto Alameda de Osuna y habían acudido a la fiesta en el mismo grupo.La cuarta de las jóvenes fallecidas de 17 años es Belén, la sexta de una familia del Opus Dei con siete hijos. En definitiva, cuatro chicas que dejan un vacío en su hogar y un hueco en los corazones de sus seres queridos por una turba descontrolada.

Investigación y responsables

El diario ‘El Mundo’ apuntó desde un primer momento a Miguel Ángel Flores, propietario de la empresa Diviertt y organizador del evento, como el principal responsable, ya que “burlaba la ley porque tenía "un contacto en el Ayuntamiento”. Flores ha declarado ante el juez Eduardo López Palop, que instruye el caso. Su citación responde principalmente a determinar el número de entradas que se vendieron para la macrofiesta.

En un informe llevado a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, se recoge que Miguel Ángel Flores informó al consistorio tras la tragedia, a través de un mensaje de móvil, que en el recinto habían 9.650 personas. La investigación policial demuestra que se superó con creces el aforo y que no se tomaron las oportunas medidas de seguridad. De hecho, el atestado policial presentado ante el magistrado López Palop habla de un aforo "sobradamente sobrepasado".

Acusaciones mutuas

El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, anunció que el consistorio emprendería acciones legales contra el promotor del evento al haber "mentido" en los datos inicialmente facilitados sobre el número de entradas vendidas y el aforo real. Miguel Ángel Flores, por su parte responsabilizó al Ayuntamiento de ser el garante de la seguridad del evento.

Diviertt señaló en un comunicado que corresponde a la Policía Municipal garantizar "el orden público y la seguridad en los aledaños del recinto donde se produjo un botellón multitudinario".

La empresa encargada de la seguridad, Seguriber,  detalló que “esa noche hubo 39 vigilantes, 33 estaban fuera del recinto y otros 5 en las puertas de seguridad”.

Amistades peligrosas

El promotor de la fiesta de Halloween, Miguel Ángel Flores, al parecer ya era un conocido de la Policía a raíz de la 'Operación Edén' (de negocio de narcotráfico presuntamente en locales de ocio nocturno de la noche madrileña). Unas escuchas telefónicas revelaron que Flores, aparentemente,  guardaba relación con colombianos que pasaban droga en sus locales.

Relación con el Vicealcalde

Según el diario ‘El Mundo’ el vicealcalde Villanueva, casó hace algo más de un año a José Mª Flores, hermano de Miguel Ángel Flores, que son, respectivamente, administrador único y propietario de la empresa Diviertt. José María, como administrador de Diviertt, rubricó el contrato con Madrid Espacios y Congresos para el alquiler del Madrid Arena.  Está muy unido a su hermano y de hecho realiza trabajos de hostelería en las empresas de él, que ha sido siempre el que tenía más recursos económicos.

Imputación de Calvo

El delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, es el primer acusado formal del Ayuntamiento de Madrid por la muerte de las cuatro chicas. Calvo es además presidente de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, que gestiona el pabellón Madrid Arena y que firmó el contrato con la empresa Diviertt.

La Fiscalía sostiene que Calvo durante su declaración podría aportar datos que le impliquen y por ese motivo ha preferido que sea interrogado como imputado. El juez no relaciona a Calvo con ningún delito, sino que le imputa de manera genérica a la espera de los detalles que se descubran durante la investigación.

La tragedia del Madrid Arena exige y se cobra responsabilidades en el consistorio madrileño

 

El delegado de Economía en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo,  ha sido el primero en presentar su dimisión tras ser imputado en el caso Madrid Arena. Calvo fue imputado a petición de la Fiscalía de Madrid, al entender que es responsable del consistorio con autoridad para ceder las instalaciones del Madrid Arena. Por su parte, la alcaldesa de Madrid,Ana Botella, elogió la “responsabilidad política” del edil al dimitir de todos sus cargos, aunque le pidió “que conserve su acta de concejal porque imputación no significa acusación”.

Además, Botella tras anunciar días antes el cierre del Palacio Municipal de Congresos y Pabellón de Cristal por incumplir la normativa de seguridad, presentó un informe de 25 páginas “pomenorizado y riguroso” de investigación sobre el caso Madrid Arena. En el escrito, se pone en evidencia la coordinación entre las empresas de seguridad, el Samur y la Policía Municipal. Los agentes municipales recibieron su primer aviso de una joven con graves problemas a las 4:00, seguido de otras dos llamadas. Preguntado por ello, un vigilante de seguridad dijo no tener conocimiento, y cuando todos juntos fueron al túnel donde está el botiquín, se encontraron con siete ambulancias y un todoterreno del Samur ya actuando.

Diez minutos antes, los responsables de Seguriber observaron cómo en un vomitorio había una chica tendida en posición fetal, que fue trasladada al servicio médico. Al salir de allí, encontraron a otra joven inconsciente, y a las 4:05 se sacó a una tercera. No se dice nada de avisos a Policía Municipal y Nacional que, junto con el Samur, fue vista por la empresa “a las 4:20”. En el informe del jefe de seguridad de Seguriber, dice el Ayuntamiento, no consta que el vigilante que estaba en la sala de comunicaciones y diera aviso de incidencias o alertas apreciadas a través de las cámaras.

Cifuentes contradice a Botella

La Delegación del Gobierno en Madrid,  aprecia "diversos errores", en el informe del consistorio. En un comunicado aclaran que "ni la Delegación del Gobierno ni el Cuerpo Nacional de Policía tienen competencias en la inspección y revisión de instalaciones”, como se hace referencia en las páginas 15 y 20 del informe. En el caso de que "de haber existido la supuesta inspección", el resultado de la misma hubiera tenido preceptivamente que "consignarse en un acta, de la que se entregará copia al titular u organizador o a su representante, y tal acta no consta entre la documentación anexa al informe presentado por el Ayuntamiento de Madrid".

Investigación política del caso

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid tendrá la presidencia y la mayoría en la comisión de investigación de la tragedia del Madrid Arena. Entre PP, PSOE, IU y UPyD solo hubo acuerdo en poner en marcha esa comisión, sobre todo por no dejar la presidencia a la oposición, que planteó al socialista Diego Cruz.

El grupo investigador estará formado por 12 miembros: siete del PP, tres del PSOE, uno de IU y uno de UPyD. La presidencia será para el concejal del PP, Pedro Corral, elegido con los votos en de su partido.









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