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La burocracia mantiene sin licencia a las tiendas de Atocha

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La licencia de funcionamiento es un documento que certifica que la actividad comercial que desarrolla un local coincide con el propósito que adujo para su apertura. Es el último paso para cumplir con todos los trámites administrativos, pero su carencia no implica que el comercio deba suspender su actividad. En el distrito hay un ejemplo de esta situación: los comercios situados en el interior de la estación de Atocha no tienen licencia de funcionamiento, aunque llevan años tratando de conseguirla. ¿Por qué no lo han logrado todavía?

Adif frente al Ayuntamiento
El problema es que su condición legal es un tanto paradójica. El suelo sobre el que se levantan los comercios de Atocha es propiedad de la empresa pública Adif, si bien la gestión corresponde a los adjudicatarios, que son quienes llevan tiempo tratando de tener en regla todos sus expedientes. Así que el Ayuntamiento no puede otorgar licencia de funcionamiento a las oficinas de viajes, cafeterías, tiendas de ropa, etcétera que se encuentran dentro de la estación. Sí reconocen en cambio los técnicos municipales haber recibido las solicitudes y permisos de obras para reformas puntuales. Adif, por su parte, confirma la situación irregular de los comercios pero asegura que pronto se van a iniciar los trámites para subsanarla.
Sin embargo, el Ayuntamiento no lo ve tan claro. Alega que no tienen el proyecto original sobre el que deberían realizar la comprobación de si se ha cumplido o no, ya que el expediente de la zona de Atocha lo ha tramitado el Gobierno nacional al margen de la legislación urbanística municipal. Así las cosas y hasta que no se llegue a un acuerdo entre Adif y el Consistorio, los comercios seguirán sin licencia municipal; tal acuerdo podría producirse en las próximas semanas, permitiendo así al Ayuntamiento tramitar conjuntamente todos los expedientes que cumplan los requisitos habituales.

IU pide una revisión integral
El portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, ha pedido una revisión completa de la “maraña administrativa” a la que se tienen que enfrentar los pequeños comerciantes. La descoordinación es un agravante más.

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