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23/11/2010 - Sara Morales Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Hospital Gregorio Marañón.
Elevada indemnización por negligencia
Una paciente sufrió una embolia por un fallo médico en el Hospital Gregorio Marañón.

Los hechos se remontan al mes de marzo de 2001, cuando una paciente sufrió una caída en su domicilio y fue trasladada (el 7 de marzo) al servicio de Urgencias del Hospital Gregorio Marañón. Allí le diagnosticaron una "fractura trimaleolar del tobillo derecho" y le practicaron una "reducción cerrada" y una "inmovilización con botín de escayola". El 12 de marzo de ese mismo año fue dada de alta y le prescribieron un medicamento. Tres días más tarde, acudió a su médico de cabecera, que le recetó andar y una caja de 10 inyecciones del mismo medicamento que estaba tomando, tratamiento que finalizó el 25 de ese mes. A finales del mes de mayo, la mujer sufrió un embolismo cerebral, ingresando de nuevo en el hospital Gregorio Marañón. Allí le observaron, además de la embolia, una "afasia motora y hemiparesia derecha". A mediados de junio le retiraron la escayola, hizo ejercicios de rehabilitación durante 4 días y le dieron el alta el 27 de junio de 2001.

A partir de ese momento, se emitieron diversos informes que culminaron, el 21 de mayo de 2002, reconociéndosele un grado de minusvalía del 68 %. 

Por todo ello, el Servicio Madrileño de Salud deberá indemnizar con 400.000 euros a esta mujer que sufrió una embolia "por la interrupción brusca del tratamiento antitrombótico", una vez que la sección sexta de la Sala de lo Contencioso - Administrastivo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Servicio Madrileño de Salud contra una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el mes de junio del año 2006. En la sentencia, los cuatro magistrados de esta sala del Supremo dictaminan que "no ha lugar" el recurso de casación interpuesto por la letrada del Servicio Madrileño de Salud ya que ninguno de los 2 motivos en los que se basa el recurso, "sin asomo de duda, pueden prosperar" dado que "no son susceptibles de ser revisados en sede casacional".

Como consecuencia de estos hechos, la paciente, defendida por los servicios jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente, interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños derivados de la asistencia sanitaria que había recibido, si bien fue desestimada "por silencio administrativo". El siguiente paso fue acudir a la vía jurisdiccional y, tras reconocerse que la embolia fue consecuencia del tratamiento que se le había dado a la paciente, se admite la responsabilidad patrimonial y se pide una indemnización de 400.000 euros.

Fue entonces cuando el Servicio Madrileño de Salud interpuso este recurso basándose en dos argumentos: se alega prescripción, al haber transcurrido más de 1 año desde el "evento lesivo", y que no se conculcó la 'lex artis' porque, a su entender, la embolia no fue consecuencia del tratamiento. Según la sentencia del Tribunal Supremo, no hay prescripción ya que, "además de tratarse de un daño continuado", entre la fecha en que se le reconoce la minusvalía (21 de mayo de 2002) y el momento en que se presenta la petición de responsabilidad patrimonial (10 de junio de 2002), sólo pasan unos días.

En cuanto a la conculcación de la 'lex artis', el Supremo se basa en las "concluyentes" conclusiones del perito, que establecen que "el embolismo cerebral tuvo relación directa con la falta de suficiente tratamiento antitrombótico ya que no se puede interrumpir bruscamente un tratamiento de antiembolia sin administrar otro tratamiento preventivo más suave".
 









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