La floristería Casa Florida, situada en el número 41 de la calle Claudio Coello vive sus últimos días entre la incertidumbre y la desesperación. La causa: el aviso de derribo impuesto por el Ayuntamiento de Madrid después de que una vecina del inmueble, donde está construida la floristería, denunciara ante el Consistorio que el local está dentro de un patio que es de la comunidad de vecinos. Sin embargo, según ha contado la propietaria de la floristería a EL DISTRITO, “el local se construyó sobre un patio privado hace 6 años que tenemos alquilado, y que no pertenece a la comunidad de vecinos”. Además lo paradójico de la historia es que el propio Ayuntamiento de Madrid concedió en el año 2003 la licencia para construir este local de dos alturas donde está actualmente ubicado y, sin embargo, ahora vienen de malas formas a querer derribarlo”, ha declarado la propietaria. Así, el pasado 24 de septiembre era el día en que este local debía ser precintado para su posterior derribo, por ello acudieron al local miembros de la gerencia del Área de Urbanismo y de la Policía “pero no pudieron hacer nada porque no tenían una orden de entrada”.
¿Error del Ayuntamiento?
A pesar de que el Ayuntamiento de Madrid otorgara la licencia, el 19 de octubre de 2005, con el edificio ya construido y funcionando la floristería a pleno rendimiento, el Juzgado Número 2 de lo contencioso administrativo anuló la licencia concedida dos años antes, por lo que sentenció el local al derribo próximo. En este sentido la dueña de la floristería no entiende que “si el Ayuntamiento ha reconocido su error no nos pida disculpas”.
Asimismo, ésta ha interpuesto un recurso para parar el derribo debido a que “de este negocio viven seis familias”. De ser admitido este, obligaría a levantar el edificio otra vez, pero el Ayuntamiento se niega a detener el procedimiento”. Además, según la propietaria les deberían dar una indemnización, “pero esta tardará en llegar, tal vez venga en el siglo que viene”, ironiza. Además, al parecer, el propio consistorio se niega a actuar contra los técnicos que en un principio les otorgaron la licencia.
