Las sucesivas reformas efectuadas en el Palacete de la Quinta de los Molinos y la falta de uso del mismo reflejan para el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid "un claro ejemplo de derroche del erario público". La concejala socialista Ana de Sande llevó este asunto el pasado día 5 a la sesión mensual de la Comisión de Vigilancia de la Contratación pero hoy ha declarado que sigue manteniendo sus dudas respecto a la ejecución del contrato de las obras de acondicionamiento del palacete.
De Sande se ha preguntado si "es o no es un derroche del dinero público gastarse más de 3 millones de euros en un edificio municipal para dejarlo sin uso, cuando a la vez se están pagando auténticas barbaridades de dinero por alquileres de edificios". La edil del PSOE se ha remontado al año 2004, cuando el Ayuntamiento "gastó 1.081.822 euros", ha dicho, en reformar el edificio para que fuera oficina de la candidatura olímpica de Madrid 2012.
"Fracasado el sueño olímpico", ha continuado, el Ayuntamiento "volvió a gastar 1.964.463,98 euros" en una nueva reforma del edificio para cedérselo a la Fundación Magistralia para que lo utilizase como sede. Las obras fueron recepcionadas por el Ayuntamiento el 10 de diciembre de 2008, "a pesar de no tener el edificio suministro eléctrico incapacitando su uso", ha indicado, y en septiembre de 2009 el consistorio y la Fundación Magistralia "resolvieron por mutuo acuerdo el convenio de colaboración suscrito entre ambos, sin que el edificio hubiera sido utilizado".
"Al día de hoy, tras haberse gastado el Ayuntamiento de Madrid más de 3 millones de euros en las sucesivas reformas del Palacete de la Quinta de los Molinos, el edificio permanece en estado de semiabandono, sin suministro eléctrico y sin uso alguno". También ha recordado De Sande que el coste inicial previsto de las obras, 1.789.863,88 euros, "sufrió un incremento de 178.985,97 euros tras la aprobación de una certificación final que incorporaba excesos de obra injustificados tanto documentalmente como tras la comparecencia efectuada por los técnicos municipales".
Ante las "explicaciones poco convincentes" del Gobierno municipal al respecto, la edil de la oposición mantiene que "se incumple el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares del expediente de contratación, concretamente su cláusula 30, al no haber quedado acreditado que las unidades de obra ocultas de forma definitiva, fueron realizadas tras las correspondientes mediciones, toma de datos y levantando los planos previamente". Por ejemplo, subraya, "se han facturado unidades de obra cuyas medidas en la certificación final son difíciles de creer y, lo que es peor, imposible de comprobar, debido a que no se incorporó la documentación pertinente y obligatoria al expediente".
