Como cada año, los trabajadores de las instalaciones deportivas municipales sufren diariamente agresiones verbales, amenazas constantes, llegando incluso en algunas ocasiones agresiones físicas. Así lo denuncia UGT en un comunicado en el que apunta que en menos de un mes de su apertura, el pasado domingo de produjeron dos agresiones a trabajadores. Una en la IDM San Blas, cuando una trabajadora municipal se acercó a solicitar la entrada a unos usuarios que habían accedido al recinto de piscina sin el pago de la misma, recibiendo amenazas, insultos y una agresión física. Tuvo que ser atendida por el personal sanitario de la instalación y derivada a Asepeyo.
También en el mismo día se produjo una pelea en el circuito de BMX que en la que tuvo que intervenir una patrulla policial y derivó en el traslado en SAMUR de uno de los participantes en dicha pelea. Por otra parte, el 9 de Junio, en el CDM de San Fermín, accedió al recinto de piscina una persona que no sacó entrada y con insultos, amenazas intentó agredir primero a una de las trabajadoras y posteriormente a uno de los guardias de seguridad.
Desde el sindicato recuerdan que en el Pleno del consistorio madrileño, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2012, adoptó un acuerdo por el que se aprobaba el Reglamento sobre la utilización de las instalaciones y servicios deportivos municipales. UGT insta al Ayuntamiento de Madrid para que “ponga todos los medios a su alcance para proteger al personal municipal que son agredidos por realizar su trabajo”.
Por eso desde UGT, exigen el cumplimiento de sanciones que refleja dicho Reglamento en su artículo 60, para cada una de las faltas cometidas, apoyando posibilidad de sustituir la sanción económica por la medida alternativa de privación de los derechos de los usuarios y de la utilización de las instalaciones deportivas municipales, de conformidad con el artículo 52.3 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, por los siguientes períodos de tiempo: desde Infracciones muy graves (de un año a cinco años) e infracciones graves (de un mes a un año).
