El Pleno del pasado mes de octubre estuvo, en gran parte, protagonizado por la protesta organizada por la Asociación Vecinal por la Vivienda Digna de San Blas-Canillejas. La protesta, apoyada por la Plataforma de Vivienda Digna de Madrid, salió del metro de Torre Arias para dirigirse a la Junta Municipal, donde se unieron bajo el lema “sobran terrenos y falta VPO”.
Su objetivo era claro: conseguir que desde la Junta se moviera ficha para que se actúe en la cesión de los terrenos del Cuartel de San Cristóbal para construir en ellos viviendas protegidas. Ésta era una de las propuestas presentadas por IU, en la que pedía que estos terrenos fueran utilizados para viviendas. De hecho, el Ayuntamiento ya clasificó estos terrenos como de uso residencial en el Plan General de Ordenación Urbana, en el que aparecen como una superficie de más de 100.000 m2 con uso residencial, que se divide en diferentes módulos; entre ellos, 5 de viviendas, 2 de equipamientos públicos y 1 de zonas verdes.
“Almacén de armas de fuego”
Como ha explicado Miguel Ángel García, vocal portavoz de IU en la Junta, “con nuestra propuesta buscamos un compromiso público de que se va a intentar hacer algo con estos terrenos, ya que es peligroso y no tiene ningún sentido tener un almacén de armas de fuego en medio de un barrio”.
El resultado de la propuesta fue un acuerdo entre los tres partidos políticos para que la concejal presidente escriba una carta, tanto a la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, como a la de Defensa, Carme Chacón, para convocar una reunión y se estudie la posibilidad de ceder esos terrenos.
A pesar de estar satisfecho por la resolución, Miguel Ángel García ha afirmado que su partido busca que una vez que se decida ceder los terrenos del cuartel, estos no sean vendidos a precio de mercado. “Es muy importante que no se especule con los terrenos y muchas veces algunas administraciones lo hacen”.
La idea, según ha explicado un miembro de la Plataforma por la Vivienda Digna de Madrid, es que esos terrenos sean cedidos a un precio más bajo a la cooperativa que surgió de asociaciones de vecinos de Canillejas. Esa cooperativa podría así vender los pisos a un precio más bajo, al que puedan acceder la mayor parte de la población.
Una de las labores que lleva a cabo esta plataforma es la búsqueda de solares en los distritos, para después investigar si son terrenos públicos o privados, tarea, que, según afirmó Rubén, de la plataforma, “es muy complicada, no nos lo ponen nada fácil”.
A pesar de estar satisfechos con el resultado de la propuesta, desde la plataforma han confirmado que no descartan futuras manifestaciones frente al Ministerio de Defensa.
