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Un tribunal dicta una sentencia revolucionaria contra los ‘pisos patera’ que da esperanza a los vecinos

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Un éxito para los vecinos, que por fin encontrarán algo de descanso, y una advertencia para todos aquellos propietarios que se lucran a costa de alquilar viviendas a inmigrantes en condiciones infrahumanas. Esto es lo que, para Ricardo Ayala, abogado defensor del bloque donde se encontraba el ‘piso patera’ en cuestión, significa la sentencia dictada por la Audiencia de Madrid. Este tribunal ha ordenado precintar durante un mes un piso situado en el bloque número 6 de la calle de la Radio, prohibiendo al dueño y a todos los inquilinos -en algunas épocas ha llegado a haber 15 personas residiendo hacinadas en apenas 68 metros cuadrados- que usen la vivienda en este plazo.

30 denuncias infructuosas
En la decisión final de cerrar este piso ha tenido mucho que ver la comunidad de vecinos del inmueble, harta del follón de personas, casi todas extranjeras, que entraban y salían de la vivienda a cualquier hora. La comunidad había interpuesto hasta 30 denuncias infructuosas en los últimos años. Vivían tranquilos hasta que hace siete años el vecino del 2º B se marchó del bloque y alquiló el piso a un inquilino que a su vez comenzó a subarrendarlo sin contención ni control alguno a otras personas -en su mayoría inmigrantes- por cantidades de entre 200 y 300 euros. En sus habitaciones había literas de hasta tres alturas cada una, la terraza funcionaba como armario y hasta en el suelo de la cocina dormía gente. La convivencia se hizo insufrible: ruidos constantes y a todas horas, un ir y venir en las escaleras de personas distintas cada vez, peleas, filtraciones de agua de las que nadie se hacía responsable. Las 10 familias que viven en el bloque no sabían qué hacer, y sus protestas no obtenían fruto. Hasta ahora.

Antecedente jurídico
La última demanda interpuesta por los vecinos ha sido la buena. La medida acordada por la Sección 20 de la Audiencia de Madrid está amparada en el artículo 7,2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que permite “el cese de uso” de un inmueble o actividad si el presidente de la comunidad tras una junta de propietarios debidamente convocada, así lo pide y acredita ante los tribunales. Los cientos de ‘pisos patera’ que hay en Madrid podrían seguir ahora el mismo camino. Se llaman así porque sus inquilinos, habitualmente inmigrantes con escasos recursos, los utilizan durante periodos cortos hasta que encuentran un trabajo o los llaman para campañas agrícolas fuera de Madrid.

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