El consenso entre todas las administraciones relacionadas con la Cañada Real es el objetivo que persiguen los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid. Así lo manifestaron durante el último Pleno. Y es que, para el Consistorio, “sin acuerdo con los Ayuntamientos, la Ley elaborada por la Comunidad de Madrid es papel mojado”. Según la delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, el plazo para la desafección, establecido en dos años, debe ser retirado. Martínez insistió además en que antes de vender, debe haber voluntad política para llevar a cabo una intervención social.
