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26/11/2012 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Jornada sobre la Vivienda tras la Ruptura de la Convivencia Marital con hijos menores.
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La vivienda tras la ruptura de pareja a debate en la Asamblea de Madrid
El 28 de noviembre el salón de actos del edificio acoge la primera Jornada sobre la Vivienda tras la Ruptura de la Convivencia Marital con hijos menores.

La vuelta al hogar paterno, pisos compartidos de alquiler, campings, albergues, centros sociales e incluso coches se han convertido en las principales viviendas de los hombres y mujeres divorciados en el territorio español. Esta problemática se abordará el próximo 28 de noviembre en la primera jornada sobre la Vivienda tras la Ruptura de la Convivencia Marital con hijos menores, que tedrá lugar a partir de las 10:00 en el salón de actos de la Asamblea de Madrid.

 

Según el último barómetro del CIS, la vivienda está dentro de los problemas sociales que más preocupa a los españoles. Los altos precios de las Viviendas y de los alquileres y la escasa concesión de hipotecas han hecho que acceder a una casa sea una aventura imposible. Este difícil panorama se complica aún más si nos fijamos en los matrimonios que se acaban rompiendo. Una media de 150.000 parejas anuales.

 

Hombres y mujeres que, además de tener que hacer frente a su complicada situación social y sentimental, chocan de frente con el problema de dónde marcharse a vivir. En la mayoría de los casos (93%-94%) es el hombre quien se ve desterrado del que era su hogar y un 80% de éstos no tiene dónde ir. Además, arrastran un amplio lastre económico que acota demasiado su nivel de vida. Lo mismo ocurre en el 6%-7% de las mujeres.

 

En estas circunstancias económicamente difíciles, uno de los cónyuges se ve obligado a cambiar de vida y de casa, tarea ardua. En el mejor de los casos, a un hombre o mujer con 2 hijos y con un salario de 2.000 € mensuales le sobrarían 800 € para pagar su nuevo hogar y los gastos diarios. A la cifra total hay que restarle el crédito hipotecario de su anterior casa familiar (500 € aprox.) y la manutención de sus hijos (700 € aprox.). El reducido poder adquisitivo hace que estas personas tiren de imaginación para poder vivir lo más dignamente posible con sus hijos.

 

Los hogares unipersonales crecen en España, desde el inicio de la crisis, han aumentado un 17,7%, hasta representar el 20% del total. El 80 % de la conflictividad en los procesos de ruptura de la convivencia en pareja, se debe a la Vivienda. (Datos del Consejo General de Fiscales).

 

El Derecho a una Vivienda digna es un derecho fundamental del que se le priva, a los padres divorciados, por sentencia judicial sin un mecanismo o medidas que le faciliten el ejercicio real de dicho derecho. Se le priva de un bien económico e inclusive debe continuar pagando el 50% de la vivienda ex conyugal lo que hace poco menos que imposible que pueda adquirir en propiedad otra vivienda, a no ser de protección oficial (y tampoco en la práctica diaria).

 

Los arts. 90, 91 y 96 del CC, en cambio, suponen una innovación introducida por la Ley 30/1981, carente de antecedentes en la legislación anterior y son una de las aportaciones más significativas de dicha Ley al régimen jurídico de la vivienda familiar configurado por el Código Civil.

 

En efecto, a través de la regulación contenida en esos artículos se pone de relieve que dicho régimen trasciende a la existencia misma de la relación conyugal que lo origina: las disposiciones que lo integran se independizan de esa relación y se aplican igualmente una vez disuelta, anulada o suspendida.


En este sentido, uno de los efectos propios de estas crisis matrimoniales es la atribución del uso de la vivienda conyugal a uno de los cónyuges, cuando no es titular de la misma. Es decir, el deseo del Art. 96 del Código Civil, que no se modificó en la última reforma de la ley del divorcio del año 2005 (ley15/2005), supone un expolio del patrimonio para padres y abuelos.

¿Qué opinan los operadores jurídicos al respecto?
 
En las conclusiones IVº de los ENCUENTROS DE MAGISTRADOS Y JUECES DE FAMILIA Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE FAMILIA celebrado en Valencia en el año 2009:
 
Ante el rígido sistema del art. 96 del Código Civil, y buscando soluciones más flexibles y adaptadas a las diferentes situaciones familiares tras la ruptura de la convivencia en pareja con hijos menores:
 
a) Se propone la reforma del art. 96 del CC de forma que se proceda a una distribución del uso de la vivienda familiar entre las partes con plazos máximos legales de asignación y posible alternancia en el uso, mediante su venta a 3º o adjudicación a una de ellas, en línea con lo establecido en el art. 43 de Código de Familia de Catalunya.
 
b) Hasta que se produzca la reforma legal del artículo 96 del CC, se acuerda que el mismo sea interpretado de forma que: La asignación del uso exclusivo de la vivienda familiar sea un remedio subsidiario, se haga siempre con carácter temporal.
 
c) No existe obstáculo para la aprobación de cláusulas contractuales incluidas en el convenio regulador por las que se establezca la extinción del derecho de uso por la convivencia marital del titular del derecho con una 3ª persona en el domicilio familiar.
 
En la doctrina jurídica no existe acuerdo sobre la naturaleza del derecho de uso, al igual que tampoco en la jurisprudencia. De lo que no hay duda es que la atribución del uso de la vivienda tiene carácter asistencial. En lo que sí hay acuerdo en la doctrina española es en que es un derecho de carácter temporal, pues de lo contrario el titular sufriría un expolio.
 
Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español es contradictoria al respecto. Lo que se discute aquí es el uso y disfrute de la vivienda, no la propiedad, que continuará siendo de su legítimo titular.
 
Lo que está claro es que el art. 96 del Código Civil tan solo se refiere al uso de la vivienda, pero no habla expresamente ni de derecho ni de derecho real de uso, no configura expresamente un derecho real de uso, sino que tan solo alude al uso de la vivienda.
 
Para Luis Zarraluqui, (Miembro Honorífico de la AEAF) el derecho de uso de la que fue vivienda familiar no es un derecho real, sino un derecho personal, de lo que se trata es de la exclusión de uno de los cónyuges, y no la concesión de un derecho nuevo, pues no se concede nada nuevo a uno de los esposos, ya que con anterioridad era poseedor del inmueble donde los esposos tenían su vivienda familiar.
 
Lo que se confirma es la posesión a uno y se excluye al otro cónyuge, por lo que la posesión compartida se transforma en posesión exclusiva. En las medidas definitivas del divorcio se procede a la disolución de la sociedad de gananciales tras la resolución de nulidad, separación o divorcio.
 
Lo más adecuado en estos casos sería.
 
1.- La liquidación de los bienes gananciales entre los progenitores.
Como en 23 Estados de la Unión Europea (UE) y no posponerlo en el tiempo hasta que los menores cumplan 27 años de edad, con el coste emocional y económico que supone.
 
2.- Mientras no se produce dicha liquidación: Tener Acceso a los Programas de VPO para los progenitores divorciados con hijos. Por un periodo no superior a 6 años.
 
3.- Esperar, durante unos años, a que el Mercado Inmobiliario se regularice y se estabilicen los precios de las viviendas y de los alquileres, tras el desinfle de la Burbuja Inmobiliaria. Si no se aplican políticas sociales adecuadas por parte del gobierno.

 









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