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Asaltada una obra, presuntamente, por el impago del ‘canon de vigilancia’

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Desde hace algunos años, las constructoras vienen denunciando las extorsiones que sufren a pie de obra por parte de clanes gitanos. Con el fin de evitar robos u otro tipo de represalias gastan, entre 1.000 y 3.000 euros mensuales, en una supuesta seguridad que les garantiza que los tajos no sufrirán daños durante las horas que permanecen parados. En el caso de que el contratista se niegue a aceptar los servicios de estos improvisados vigilantes jurado, estos aplican su otra tarifa: el robo y unos daños materiales que suelen superar con creces los honorarios requeridos inicialmente. 

Esta situación la conocen bien los promotores de la obra Jardín de la Duquesa número 3. Aseguran que cuando comenzaron los trabajos un hombre les ofreció sus servicios como guarda. Unos servicios que rechazaron aduciendo que en ese momento no eran necesarios. “Los anteriores contratistas de la obra llegaron a pagarle 3.000 euros pero ni siquiera aparecía por allí y cuando dejaron de pagarle, todas las herramientas de los obreros desaparecieron”, asegura uno de los promotores. 

Hace dos semanas, el individuo en cuestión se acercó otra vez a la construcción. Pedía 1.200 euros y, según comenta el contratista, se mostró indignado. “Dijo que estaba harto de que le tomáramos el pelo, porque seguíamos prescindiendo de sus servicios y amenazó con empezar a tirar tabiques”. Tres días después, la instalación del aire acondicionado apareció reventada. Casualidad o no, lo cierto es que se trata de un trastorno importante para la evolución de los trabajos pues, tal y como afirma el contratista, ahora tendrán que volver a romper el pavimento. Con el fin de evitar más daños, los afectados han optado por instalar una alarma y varias cámaras de seguridad, pero aún así, saben que es difícil impedir que este tipo de actos se repitan durante la noche.

Denuncias a la Policía
El caso ha sido puesto en conocimiento de la Policía, a través de una denuncia formulada en la Comisaría de San Blas, pero los contratistas no son demasiado optimistas: “No podemos culpar a nadie, pues no hay testigos, lo único que tenemos son unas amenazas. Saben actuar muy bien”. La acción de estos extorsionadores es limpia y no requiere riesgo alguno, por eso, los contratistas  se sienten desprotegidos. “Es una vergüenza. Nos sentimos totalmente desamparados. ¿Para qué está la Policía?”, preguntan. 

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