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31/10/2007 - Marina Osuna Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Familias de varias nacionalidades y razas han fijado su residencia en la famosa vía pecuaria, construyendo desde chabolas a chalets ilegales, aunque algunos de ellos aseguran pagar el IBI desde hace varios años.

El pasado 19 de noviembre doscientos vecinos de la Cañada Real Galiana de Vicálvaro, todos ellos magrebíes, caminaron más de 10 kilómetros por la A-3 para protestar por el derribo de una de sus viviendas. De manera tranquila y sin disturbios, querían llegar hasta la Junta Municipal del distrito para ser recibidos por la concejal, Carmen Torralba, y exigirle así al Ayuntamiento de Madrid el cese de los derribos y la legalización de sus viviendas. Minutos antes de la llegada del pelotón hasta la Plaza de Don Antonio de Andrés, un total de doce furgones policiales aguardaban controlando los accesos a la zona. Además, varios efectivos desplegaron un amplio cordón frente a las puertas de la Junta mientras que otros aconsejaban a los comerciantes de las tiendas y bares aledaños echar el cierre. El objetivo era evitar los incidentes del día anterior, que se saldaron con un policía herido de gravedad y otros 16 con múltiples contusiones por pedradas en piernas, cabeza y tórax.

Tras dos horas de marcha, en torno a las 12.50 horas los manifestantes llegaron a la plaza con la intención de hacerse oír.
En primera fila y frente a la Policía se colocaron mujeres y niños. Mientras, los hombres elegían a los representantes que habrían de entrevistarse con Torralba. Pasados varios minutos, salieron asegurando que no habían sido atendidos. Uno de ellos, Sofián, se lamentaba de que los funcionarios municipales les habían indicado que debían rellenar una instancia previamente y aguardar veinte días, “como cualquier otro ciudadano”, añadía uno de los presentes.

¡Derribos no!
Este fue el grito unánime y constante de los manifestantes durante la jornada. Una posición que basan en supuestos derechos adquiridos por acciones que llevan repitiendo, muchos de ellos durante años, como disfrutar de servicios propios de una urbanización -recogida de basura, correo, teléfono, etc-, o pagar el IBI; un impuesto que según las administraciones se refiere únicamente al suelo y no a la vivienda, por lo que al parecer, no les daría derecho a edificar en ningún caso. “Esas casas son ilegales desde todo punto de vista, pero parece que el Ayuntamiento prefiere mirar para otro lado”, afirma un vecino del distrito. “Si quieren casa que la paguen, como todo el mundo”, aseguraba otro.

Un problema enquistado
No es la primera vez que la Cañada Real registra este tipo de incidentes. Si bien es cierto que la zona que afecta a Vicálvaro no resulta especialmente conflictiva, esta “tierra de nadie” que discurre por varios términos municipales acoge desde hace años una de las principales canteras de delincuencia de la ciudad, fundamentalmente en la franja ubicada en Villa de Vallecas. Un territorio al margen de la ley en el que el tráfico de drogas y de armas supone la principal fuente de ingresos de algunas familias. Otras, sin embargo, sobreviven dedicándose a la venta ambulante o la albañilería. Son españoles e inmigrantes, de etnia árabe, gitana o de raza blanca que han construido desde chabolas a auténticos chalets y que conviven con tres problemas de fondo: el primero de ellos y más evidente, el de los derechos urbanísticos; el segundo, la falta de orden público; y el tercero y que ha ido en aumento durante los últimos años, el de la exclusión social. Tres asuntos díficiles de resolver, más aún teniendo en cuenta que son 40.000 los habitantes que en la actualidad pueblan la vía pecuaria.

Difícil solución
De momento, los derribos han cesado por orden de una jueza y la chabola derribada el pasado 18 de octubre ya está de nuevo levantada. “Hemos ido acumulando materiales de construcción y estamos reconstruyendo la vivienda. No dejaremos que ninguna familia duerma en la calle”, afirma Rachid. El siguiente paso consiste en celebrar una reunión con la Comunidad de Madrid que ya han solicitado las distintas administraciones locales. Mientras tanto, el problema lejos de encontrar solución continúa creciendo y cada vez son más los que edifican en esos terrenos, “y los demás endeudándonos de por vida por un piso”, manifiesta indignada una vecina.

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