En su informe, el rector ha dado detalles sobre el cese del antiguo director de la Fundación Clínica Universitaria, que fue contratado por el anterior rector y que percibía, según un comunicado emitido por el vicerrectorado, un salario de cerca de 300.000 euros anuales.
Ramos también ha comunicado la apertura de la investigación para constatar que los estudios de Pablo Casado se han desarrollado con regularidad. Esta investigación se enmarca en el resto de procesos abiertos.
En ese sentido, el rector también ha aclarado todas las dudas y comentarios que existían sobre el convenio para la gestión del Hangar del EIATA. Según el informe presentado “el convenio suscrito entre la URJC y la empresa EATC SL (posteriormente Aviation Group SL), no firmado por mí, sino por el anterior Rector, siguió todo el procedimiento legal vigente en su momento para este tipo de convenios. Aun así, para despejar cualquier tipo de duda, he solicitado dos nuevos informes jurídicos que han analizado la validez de la herramienta “convenio” para este caso. Uno interno a la Asesoría Jurídica de la Universidad y otro de carácter externo a un despacho de abogados especializado en el ámbito del Derecho Administrativo. Ambos informes coinciden en la legalidad del convenio y la adecuación del mismo para los fines que perseguía”.
Ramos ha negado rotundamente cualquier vinculación accionarial o interés económico con la empresa con la que la URJC tiene firmado un convenio. De igual forma, ha solicitado un peritaje para cuantificar el valor de los equipos que ya están disponibles en las instalaciones del EIATA y ha ordenado la reducción de la duración del convenio vigente para que pase de 25 a 4 años.
En su informe, el rector también ha aclarado el porqué de la contratación del equipo de arquitectos y el sistema escogido para la misma, afirmando que “para poder realizar dichas contrataciones se modificó, con el acuerdo de la representación sindical y el informe de los Servicios Jurídicos, la relación de puestos de trabajo, incluyendo cinco puestos de carácter técnico. Dicha modificación se presentó y se aprobó en Consejo de Gobierno de la Universidad. Esta rápida incorporación pudo llevarse a cabo mediante el nombramiento de personal eventual. Esta figura contractual ha sido utilizada en otras universidades públicas para su incorporación en la Oficina Técnica. Este tipo de contratación permite un ahorro económico para la universidad y, además, el cese de la relación laboral una vez que las necesidades de espacio y edificación se vieran satisfechas y las obras estuvieran concluidas”.
La intervención del máximo responsable de la universidad ha incluido todos aquellos temas que han afectado a la universidad en las últimas semanas, como es el caso de los e-títulos, corroborando su validez y el uso de la misma fórmula por parte de muchas universidades españolas. El documento insiste en que “si el conjunto de la universidad, todos y cada uno de sus miembros, mantenemos nuestro compromiso con la institución, actuamos de forma justa y honesta, apostamos por la transparencia y extremamos nuestra firmeza para erradicar comportamientos irregulares, conseguiremos recuperar la confianza y demostrar a la Sociedad el buen nombre, la dignidad y el prestigio que la Universidad Rey Juan Carlos sabemos que tiene. Creo que es injusto que, por el comportamiento de unos pocos, se ponga en cuestión la labor de todos los miembros de esta institución”.
En este sentido, Ramos constata que “han existido comportamientos irregulares en nuestra institución y, por ello, como universidad volveremos a la normalidad si fundamentamos nuestras acciones en dos pilares. El primero, dejar clara ante la sociedad nuestra firmeza para combatir las irregulares y para evitar que estas puedan volver a producirse. Y el segundo, apostar con más fuerza que nunca, por una docencia y una investigación de calidad que reviertan positivamente en nuestra sociedad”.
