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17/07/2009 - Marina Osuna Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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El Ayuntamiento procederá al realojo de los moradores que demuestren carencia de recursos económicos.
Muchas de las viviendas serán derribadas, tal y como ya ha sucedido con algunas.
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Sin embargo, el Ayuntamiento advierte de que no se pueden ejercer estos derechos sobre terrenos públicos y, aunque se han comprometido a valorar los diferentes casos, parece que sólo se regularizará la situación de aquellos que lleven más tiempo viviendo en esta vía.

Un año. Ese es el plazo que han fijado las administraciones para desmantelar la Cañada Real. Tras la lucha, reivindicaciones y protestas reiteradas por parte de diversos colectivos en pro de una solución, hace unos días, Delegación del Gobierno, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento acordaban desafectar el tramo de esta vía pecuaria a su paso por los municipios de Coslada, Rivas y Madrid (distritos de Vicálvaro y Vallecas). El preacuerdo, que deberá plasmarse en un anteproyecto de Ley y contar con el visto bueno de la Asamblea de Madrid, podría suponer el fin de 25 años de ocupaciones ilegales. Pero el proceso no será fácil. Los Ayuntamientos de estos tres municipios disponen de seis meses para elaborar un censo de las viviendas y sus ocupantes y determinar así quiénes pueden ejercer derechos sobre las propiedades y cuáles son estos en concreto. Y es que, entre las más de 2.000 edificaciones que en la actualidad acoge La Cañada, se encuentran residentes que pagan el IBI, familias con derechos adquiridos de realojo, negocios (bares, restaurantes, hostales, etc.) y uno de los mayores mercados de la droga de la capital.

Desde el Ayuntamiento de Madrid justifican la decisión de desafectar la vía pecuaria, “por no ser adecuada al tránsito ganadero” y aseguran que realizarán una reordenación urbanística de todo el ámbito. No obstante, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón ha advertido que los residentes carecen de derechos de propiedad sobre sus casas. “Sin embargo, tenemos la solicitud de agua y luz desde hace más de 20 años y se nos ha cobrado algún tiempo el IBI”, replicó el portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de la Cañada Real, Miguel Martín.

El Consistorio asegura, además, que realojará a todos los moradores del asentamiento que puedan demostrar que su situación económica es precaria y que poseen un único inmueble, el de La Cañada. En ningún caso tendrán ese derecho quienes utilicen la vivienda con fines lucrativos o recreativos.

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