Para ello sostienen que dichos proyectos de barrio son «sostenibles» porque se ajustan a la demanda residencial existente y ayudarán a contener la subida de precios actual, además de contar con el respaldo jurídico del Tribunal Supremo.
Los propietarios aseguran que dichos desarrollos pueden generar un total de 965.000 empleos (directos e indirectos), inversiones que superarían los 13.000 millones y el desarrollo de más de 100.000 viviendas, con una parte importante dedicada a planes de vivienda pública. El objetivo es el de ofrecer una vivienda a precio «asequible» -tanto para venta como alquiler-. Este apartado supondría un 65% de la superficie, mientras que el restante se dedicaría a proyectos de generación económica.
Por ello, la plataforma de propietarios considera que el futuro de estos desarrollos debe clarificarse cuanto antes y advierten de los efectos que podrían generar cambios en unos planeamientos que están «santificados» por el Tribunal Supremo con la sentencia favorable a la modificación ‘exprés’ que acometió el Ayuntamiento en 2013 sobre en el PGOU para 22 ámbitos.
