Los vecinos del sureste no aguantan más y el pasado 12 de diciembre se concentraron frente a la nueva sede del Ayuntamiento de Madrid para reclamar una solución a la demora en la entrega de sus viviendas. Más de 15.000 son los afectados que llevan esperando 11 años por unos pisos de los que aún no se ha colocado ni un sólo ladrillo. Una década entera en la que sus ilusiones iniciales se tornaron en incertidumbre hasta llegar a la desesperación actual. Y es que la situación, lejos de mejorar, parece empeorar por momentos, más aún desde que, al parecer, el pasado el pasado 27 de septiembre un auto judicial instara a paralizar las obras en los Ahijones.
La suspensión parcial de los trabajos tiene su origen en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 3 de julio respecto al recurso interpuesto por el PSOE en 1997. Según este, la decisión del PP de revisar el Plan General de 1985 para poder urbanizar 28 áreas, no tenía justificación alguna. Pero lo cierto es que han pasado 10 años desde que arrancó el proceso y muchas de esas zonas protegidas ya se han urbanizado, por lo que han perdido su valor. Es el caso de Las Tablas, Sanchinarro, Cerro de Los Gamos y Camino de los Caleros, exentos de cumplir la sentencia. Con las 23 zonas restantes, ocurre lo mismo, pero su futuro es aún una incógnita. Parece que existe otra suspensión pendiente de aplicar en los Berrocales y los foros de Internet alertan de que no se descarta la futura paralización de El Cañaveral. Nada está claro salvo que el Ayuntamiento de Madrid tiene algo menos de dos meses para ejecutar la sentencia. No obstante, confían en poder solucionar el asunto alegando que los terrenos han perdido valor ecológico, un trámite que podría no resultar nada sencillo.
Así las cosas, los vecinos del sureste se preguntan cuánto tiempo más van a tener que esperar por sus viviendas. Aseguran que la coordinadora general del Área de Urbanismo les ha confirmado que la sentencia implicará una demora mínima de 6 meses. Alrededor de medio año más de espera por unos pisos de protección “que no son tales debido a la subida consecutiva del módulo”, afirma uno de los afectados. Por ello exigen soluciones, “que se nos trate como lo que somos, damnificados”, y que las Administraciones ofrezcan alternativas a este problema enquistado que se ha convertido en todo un drama para miles de familias. “A-quí existe un delito, unos culpables (la Administración), unos consentidores (PSOE e IU) y una víctimas (los cooperativistas), y detrás de cada uno, un futuro del que no somos dueños. Es una vergüenza”, recalcó otro de los afectados.
