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28/03/2018 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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La ONU exige paralizar el desahucio de una pareja con dos menores
La unidad familiar llevaba varios años ocupando una vivienda en el distrito de Villaverde al no disponer de una alternativa habitacional por parte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), ha instado a España a suspender cautelarmente el desalojo de una familia, con dos menores, en el distrito de Villaverde. Un juzgado de la capital había ordenado el lanzamiento para el pasado 9 de marzo, sin embargo, la resolución del órgano supranacional obliga a paralizar el proceso a estudiarse el caso; igualmente, el comité solicita que se otorgue una vivienda en caso de que la familia sea expulsada del domicilio que ocupan actualmente. 

Según informa el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una pareja, con sus dos hijas de 4 y 8 años, accedió a una vivienda vacía propiedad de un banco ante la imposibilidad de disponer de una vivienda social que en numerosas ocasiones había sido solicitada a las administraciones públicas. Ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento capitalino atendieron la petición de la familia; por otro lado, la entidad financiera propietaria del inmueble ocupado rechazó el regularizar la situación de la familia mediante un alquiler social.  

El comité de la ONU ya sentó precedente en la ciudad madrileña en el año 2017 al fallar en contra del desahucio de otra pareja -un hombre español y una mujer argelina con hijos menores, de 1 y 3 años-, indicando que constituyó una violación de su derecho a una vivienda adecuada. De la misma forma, instó al Gobierno a tomar las medidas necesarias para ayudar a esta familia a obtener una vivienda, a otorgarle una compensación económica por la violación de sus derechos y a formular un plan integral para garantizar el acceso a una vivienda adecuada para personas con bajos recursos.

En su dictamen, el Comité determinó que, aunque la orden judicial de desahucio era legal, las autoridades no habían tomado todas las medidas necesarias para proporcionar a la familia una vivienda alternativa.



 









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