El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comparecido ante los medios de comunicación para trasladar la resolución judicial emitida ayer, martes 12 de septiembre, por el Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo que ordena al Ayuntamiento de Madrid a suspender el acto previsto para este domingo, día 17, en la Sala Ternera del antiguo Matadero de Madrid.
“La Justicia ha puesto en su sitio a Carmena con un auto demoledor que le obliga a rectificar”, afirmó Martínez-Almeida, quien tomó la decisión de acudir a los tribunales ante la “cerrazón” de la alcaldesa de autorizar “un acto que era claramente ilegal”.
El auto, “contra el que no cabe recurso alguno y, por lo tanto, es firme” aunque da tres días al Ayuntamiento “para alegar lo que proceda”, señala que la cesión del local, solicitada por Pedro Casas Alvarez, miembro de la lista electoral de Ahora Madrid en las pasadas elecciones municipales, en nombre de la asociación “La Comuna”, implica “favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una Ley que ha sido suspendida en su eficacia por el Tribunal Constitucional”.
Además, según el auto, la cesión del espacio municipal contraviene “lo dispuesto en la Constitución Española, en su artículo 1 y 2”, que habla de la soberanía nacional y la “indisoluble unidad de la nación Española”.
Un auto claro en todos sus extremos
Almeida afirmó que este fallo judicial debería “sonrojar” a la alcaldesa de Madrid, no sólo por su condición de regidora, sino también por su condición de ex jueza. Y es que, a juicio del portavoz popular, el auto es “claro en todos sus extremos” contra la decisión del Ayuntamiento de ceder un espacio público para un acto independentista. De hecho, señala que el evento (previsto para el domingo) consiste en esencia en un acto de apoyo a la Ley del 19/2017 del Referéndum.
En ese auto, de cinco páginas, el magistrado subraya que el referéndum que tiene previsto celebrar el próximo 1 de octubre la Generalitat de Cataluña es “ilegal” y, por tanto, “los actos de apoyo al mismo no pueden estar amparados por la actuación del Ayuntamiento de Madrid, ni utilizar locales del que éste es titular”.
El Ayuntamiento no puede incumplir la ley
“No es posible que un acto que abiertamente se dirige contra lo dispuesto en la Constitución y las resoluciones del Tribunal Constitucional pueda contar con el apoyo de un municipio que también tiene la obligación de cumplir las leyes vigentes”.
Almeida hizo asimismo especial hincapié en lo que recalca el Juzgado: “los bienes municipales tienen como función principal servir a los intereses generales entre los que no puede incluirse la pretensión de realizar actos públicos en favor de un refréndum ilegal”.
