Una Ciudad Aeroportuaria po-dría ser el próximo gran proyecto urbanístico de la ciudad tras la Operación Chamartín. Así lo anunció hace unos días el ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE, José Blanco. Dijo que se llevará a cabo gracias a una colaboración de capital “tanto público como privado”, que alcanzará los 2.500 millones de euros. De esta forma, este proyecto “podrá generar 12.000 empleos nuevos. Esta Ciudad Aeroportuaria estará integrada en la actividad del aeropuerto, orientada a las empresas y personas en “un entorno innovador en diseño, gestión logística y estrategia medioambiental”, afirmó Blanco.
Tras conocer las declaraciones de Blanco, varias han sido las opiniones de la oposición acerca de “este antiguo proyecto”.
El alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene un ‘pero’ para esta operación urbanística: esta es la próxima privatización de Aena. Además, ha comentado que en el Ayuntamiento “no conocen el contenido del proyecto”, y ha recordado que “ya hay un suelo calificado para esta posibilidad en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid”.
Por su parte, la Comunidad de Madrid tampoco ve con muy buenos ojos el proyecto del Gobierno de España. El consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio Echeverría, aseguró que esta iniciativa “no es de la competencia del Gobierno de Zapatero, ya que necesita de actuaciones municipales y modificaciones de planes generales. Lo fundamental en este caso es hacer urbanismo y, por tanto, si alguien es competente son las administraciones locales y las comunidades autónomas”.
Privatización Barajas
El pasado día 25 de febrebro arrancó el proceso de privatización del Aeropuerto de Barajas. Asimismo, el Ministerio e Fomento licitará próximamente un concurso para seleccionar a los asesores del departamento en este proceso, que incluye la venta del 49% del capital de Aena.
Por su parte, los empleados del hasta ahora ente público se han movilizado ya en varias ocasiones con caceroladas en las terminales. Estos trabajadores quieren que el Ministerio de Fomento dé marcha atrás en su plan privatizador y garantice que no perderán la condición de empleados públicos, que los contratos temporales pasarán a ser fijos y que no se producirán despidos en las nuevas empresas concesionarias.
