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26/04/2019 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Vigilantes denuncian ante Defensor del Pueblo la falta de seguridad en el aeropuerto

Los vigilantes del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez que secundan una huelga indefinida desde el pasado día 12 han denunciado ante el Defensor del Pueblo que la empresa Ilunion y Aena están vulnerando la normativa de Seguridad Nacional referida a aeropuertos, pasajeros y equipajes de mano.

En el texto de una queja presentada este jueves al Defensor del Pueblo, el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad de Madrid (ATES) dice que Ilunion alega "órdenes de AENA" para "mermar de forma considerable la seguridad en los controles de seguridad de acceso a las puertas de embarque, sobre todo en las franjas horarias de mayor flujo de pasajeros". Fuentes de Aena han afirmado a EFE que "no existe merma en la seguridad, ni en la inspección de pasajeros y equipajes, ni en ningún otro de los procedimientos de seguridad establecidos".

Las mismas fuentes han precisado que las competencias de seguridad en el aeropuerto son de las FFCCSE y en el caso de los controles de inspección de personas y equipajes de mano, de la Guardia Civil, que supervisa el cumplimiento de la normativa a aplicar en los filtros de seguridad, "no solo en el caso de una convocatoria de huelga", como la actual de trabajadores de Ilunion Seguridad SA, "sino siempre".

Ilunión Seguridad es la empresa adjudicataria de la inspección de pasajeros, tripulaciones y equipajes de mano en el aeropuerto madrileño) y su contrato exige, recuerda Aena, el cumplimento de la normativa e indicadores de calidad. Lo que exigen las FFCCSE y Aena es que se cumpla escrupulosamente con la normativa vigente en seguridad, en resumen, la normativa de la Unión Europea, los convenios y protocolos internacionales, así como la legislación nacional y se cumple al 100%, en cuanto a equipamientos y en cuanto a procedimientos.

Los 700 vigilantes en huelga reclaman el pago de los pluses de aeropuertos, radioscopia y variables a toda la plantilla, la modificación de los contratos de obra y servicio a indefinidos, y que se ponga fin a las condiciones "lamentables" en que desarrollan su trabajo.  Los servicios mínimos para la huelga están fijados en el 90 %, con lo que sólo el 10 % de los trabajadores puede secundarla. 

Según ATES, durante los días de huelga han sido desmontados los puestos de trazas de detección de explosivos "para trasladar a su personal a los arcos y a los puestos de radioscopia de equipos de control". Estos puestos de detección "son críticos e imprescindibles para garantizar la seguridad", dice ATES en su queja y añade que "el menoscabo de la Seguridad afecta directamente a los pasajeros, ya que hemos pasado de hacer cientos y cientos de trazas de detección de explosivos, a hacer poquísimas, anteponiendo la fluidez del paso de pasajeros a garantizar su seguridad".

ATES dice que "ante la gravedad de la situación" el pasado día 15 la denunció ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, y que de forma inmediata acudió al centro de trabajo una inspectora "para constatar" los hechos, aunque "a fecha de hoy -dice- no tenemos ninguna noticia ni resolución de su actuación". Además, los días pasados 16 y 22 presentaron sendas denuncias en la comisaria de la Policía Nacional en la terminal T4, de las cuales tampoco tienen noticia.

El sindicato añade que los trabajadores en huelga cumplen unos servicios mínimos esenciales del 90% "para asegurar y garantizar la seguridad de los usuarios" del aeropuerto". Un "esfuerzo", añade, que "sirve muy poco" porque Ilunion, los ministerios de Fomento (Aesa y Aena), Interior, Trabajo y la Consejería madrileña de Economía, "de manera incompetente e irresponsable, no están garantizando la seguridad de los pasajeros, máxime estando en alerta 4, vulnerando los derechos que todos los ciudadanos tenemos a nuestra protección". La portavoz del sindicato, Cristina Galán, ha indicado a EFE este jueves que hay "bastante seguimiento" de la huelga entre los trabajadores que no están obligados a cumplir los servicios mínimos.









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