Desde tiempos inmemoriales el victimismo ha sido una actitud rentable y ha dado a diversas regiones la ventaja de obtener beneficios indebidos a costa del resto de vecinos. La excusa para practicar este principio es el agravio sufrido en pasados recientes o no tan recientes, pero que siempre sirven de catalizador al sentimiento de inferioridad latente en la mente de los agraviados. No se trata de negar el agravio, que habitualmente es obvio que ha existido, sino de tener en cuenta cuál es la verdadera razón del ofendido.
En esta época de cambios estructurales a nivel global comienza a ser un contrasentido el desarrollo de sentimientos nacionales localizados en las regiones de algunos estados que gozan de cierta estabilidad tanto política como económica. Sin embargo, esta forma de percibir la relación con el vecino esconde algo más profundo que aún se menciona poco o se hace de manera encubierta. Aún así, esta puede ser la clave para la resolución del conflicto.
La sentencia del estatuto de Cataluña pone sobre la mesa una verdad que no es en esencia absoluta, sino que está sujeta a la relativa interpretación de un tribunal que lo único que hace es juzgar sobre la compatibilidad de normas que poseen jerarquía. Que una parte del estatuto es anticonstitucional está claro, solo hay que tener cierta capacidad de raciocinio para ver la contradicción entre la constitución española y algunos artículos del mismo. Igualmente, cualquier otro estatuto autonómico copiado del catalán contendrá los mismo defectos.
Como suele suceder, en vez de plantear un debate razonado sobre la base de la cuestión, se plantean discusiones multipolares que no conducen nada más que a aumentar la crispación y el enfrentamiento entre el supuesto opresor y el supuesto oprimido. Y el problema básico a resolver pasa por la aceptación de España como equipo multidisciplinar o como grupo inconexo de pequeñas naciones no igualitarias. El concepto prohibido, al menos en la mayoría de los sectores, es el de “independencia”.
Se asume como cierto que los países de Cervantes y de Ramón Llull son los mismos por estar encerrados en la misma península. Pero eso no es cierto para Portugal ni para Andorra. Ambos estados ibéricos conviven en paz y armonía con el resto de autonomías españolas. No se plantea la indisolubilidad de la nación española a partir del vecino luso o del vecino andorrano. La pregunta clave es básica para seguir el mismo camino o para tomar vías distintas: los catalanes quieren o no quieren ser nuestros hermanos? También se define esta cuestión para el pueblo vasco.
La tradición nos empuja a aceptar como natural que la hermandad viene definida por la adyacencia territorial y por la similitud de costumbres, y la modernidad nos indica cada vez con más profusión que estos conceptos quizá estén desfasados. Los hechos diferenciales, no siendo enormes ni incompatibles, son suficientes para construir el deseo de libertad respecto del supraestado. Y este es el punto complicado. Como siempre, la intolerancia, característica común del individuo ibérico no permite abrir el debate definitivo sobre el futuro de la piel de toro. Es un debate sobre el referéndum que habrá que llevar a cabo para preguntar al pueblo cómo quiere su futuro, con o sin Cataluña y el País Vasco. Son consultas compatibles con la misma Constitución Española y a nadie debe sorprender que se puedan celebrar: las constituciones son flexibles porque así se han definido.
Sin entrar en la problemática del estado de las autonomías, la capacidad de autogobierno no es negativa en sí misma. Como suele suceder, es el mal uso que se hace de esa capacidad lo que crea el conflicto. Las regiones agraviadas, de nuevo, utilizan todas las técnicas legales a su alcance para extraer del resto del Estado competencias y recursos utilizando el poder político. Incluso las que no les pertenecen constitucionalmente, como pone de manifiesto la sentencia. Este es un indicador claro de que los caminos estatutarios han llegado a su culminación y de que ya no hay más espacio para desarrollar la autonomía regional. Solo queda convocar la consulta popular y que el pueblo decida. La independencia de las regiones no se debe imponer a través del miedo, sino a través del debate razonado y del deseo soberano, que solo se puede conocer en las urnas.
Otro debate diferente surge de la conveniencia de las secesiones y sus consecuencias. Pero este no es punto que sea de común debate, puesto que el futuro de una país independiente corresponderá decidirlo a la nación ya escindida, no al anterior súper estado al que pertenecía. Cuestiones como la continuidad del terrorismo en un País Vasco independiente, la viabilidad económica de Cataluña separada de España o la lengua vehicular elegida para la educación de los nuevos ciudadanos no incumben a los españoles que permanezcan integrados en la estructura actual, antiguamente denominada España. Serán problemas que deban resolver los nuevos estados independientes.
También se opone como argumento el supuesto inicio de la desmembración total del estado a partir del reconocimiento de independencia de las dos regiones periféricas tradicionales. El argumento es el mismo que se desarrolla hasta ahora: no es posible imponer la hermandad territorial por la fuerza. Si otras autonomías desean iniciar la aventura en solitario, deben ser igualmente libres para decidirlo. Seguramente ninguna otra comunidad autónoma querrá abandonar la nación actual, aunque es arriesgado asumir esta afirmación de manera categórica. Los españoles, además de intolerantes, son imprevisibles e irracionales en sus decisiones.
De cualquier modo, los resultados de las consultas deben ser respetados y aplicados. Otra cuestión será la negociación sobre el reparto de bienes y servicios comunes a ambos estados. Los bienes gananciales generados por la situación anterior pueden convertirse en el último argumento en contra de la separación, pero el camino iniciado deberá conducir inexorablemente a un acuerdo entre ambas partes.
Puede ser que solo las nuevas generaciones que habitan la península sean capaces de echar la mirada más allá del medio plazo y adquirir conciencia de la importancia de no mantener unido lo que desea estar separado. Al fin y al cabo, un matrimonio mal avenido acaba divorciándose. Los antiguos no lo entendían ni lo aceptaban, pero la separación de una pareja es lo más habitual a día de hoy. Por qué no puede separarse una región de otra a la que no quiere? Pruebas de la falta de afecto interregional por parte de País Vasco y Cataluña hacia España no necesitamos más; hemos recabado ya las suficientes en solo 32 años de democracia y en otros tantos siglos de antiguo régimen.
Ya solo queda por resolver la custodia de los hijos. Decisiones salomónicas no son posibles en niños humanos, pero sí lo son en criaturas económicas y territoriales, que es lo que a la postre se define como Estado. Fuera del chantaje político ya no será posible que las nuevas naciones impongan su criterio representativo en el parlamento: deberán aceptar lo que los gobernantes de la España anterior decida. O eso, o nada.
