El auto del magistrado se enmarca en el proceso por el cambio de denominación del Paseo de Muñoz Grandes a Marcelino Camacho -ubicada en el madrileño distrito de Carabanchel-, iniciativa que fue llevada a los tribunales por Guillermo Rocafort. La administración local aplicó la Ley de Memoria Histórica para proceder al cambio de nombre de la vía, sin embargo, la calle data de 1926 y la citada normativa compromete al periodo que va desde 1936 a 1975.
El juez que instruye el caso rechazó una prueba solicitada por el consistorio para que los miembros del Comisionado testificarán como «testigos peritos». El magistrado indicaba que éstos carecen del “conocimiento directo” de los hechos, más allá del interés que pudiesen profesar por la historia.
En este sentido, reprocha al Ayuntamiento que les conceda la condición de expertos por conformar un órgano de “carácter político”. Asimismo, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 aclara que la prueba que pedía el consistorio confunde la “pericial con la testifical”, con el objeto de crear nuevas pruebas al margen de los establecido normativamente.
