Parece que por fin los vecinos de los distritos de Carabanchel, Hortaleza, Tetuán y Fuencarral-El Pardo han conseguido lo que venían reclamando desde hace tres años. Según concluyó la juez del Juzgado número 26 de Madrid los parquímetros situados en los barrios, o distritos exteriores a la M-30, son ilegales. En este auto fechado el 23 de septiembre se declara nulo el decreto municipal, por lo que se extendía el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los cascos históricos de Fuencarral, Hortaleza y Carabanchel.
Pedro Casas, portavoz del colectivo antiparquímetros de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, señaló que la normativa de ampliación comenzó “ilegalmente” con un defecto de forma, aludiendo a que el decreto de ampliación fue publicado por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) el día 2 de marzo de 2006, “cuando los parquímetros empezaron a funcionar y cobrar un día antes, y cuando el Ayuntamiento llevaba meses de trámites con las empresas concesionarias “.
Todavía queda mucho por hacer
Los vecinos consideran que la sentencia es muy positiva “porque los jueces eran los únicos que faltaban por darnos la razón y la sentencia demuestra que la ampliación de los parquímetros fue una cosa absurda e irregular, pero todavía queda mucho por hacer”, declaró Casas.
Aunque Carabanchel es el distrito madrileño donde menos parquímetros hay actualmente funcionando, -una decena aproximadamente-, los anti SER convocaron una concentración en la Plaza de Emperatriz para precintar parquímetros como gesto de apoyo a la sentencia. Pidieron la retirada “inmediata” de las máquinas y recuperar el dinero de los tiques y de las multas. El grupo municipal socialista, que presentó el recurso contra la ampliación de los parquímetros, cifró en 206 millones de euros el perjuicio económico por los dos últimos años. Los madrileños afectados por la medida, según los cálculos del grupo socialista, pagaron a lo largo de 2007, 30’5 millones de euros por la compra de tiques, 2’1 millones por las tarjetas de residentes y otros 31 millones más por las multas. Los socialistas han recomendado a los vecinos que guarden los recibos y reclamen, pero también han recordado que mientras el decreto actual siga en vigor “prevalece la legalidad”, por lo que ningún coche debe estar sin tique.
El Ayuntamiento, por su parte, está preparando un recurso de apelación que paralice la ejecución de esta sentencia.
