(EFE). El Gobierno regional aprobó el pasado mes de septiembre un proyecto de Ley que, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 1960, reconoce a todas las personas víctimas de actos terroristas empadronadas en la región, con independencia del lugar donde se haya producido el atentado, ya sea en España o en otros países.
En una nota de prensa, la Asociación 11-M ha dicho que tener en cuenta el empadronamiento es «injusto, ofensivo e indigno», ya que «todas las víctimas merecen igual protección, reconocimiento y solidaridad». «Los terroristas cuando decidieron asesinar no pidieron la tarjeta municipal que acredita ser vecinos de Madrid. Colocaron bombas para matar a todo aquel que fuera posible. No distinguieron», ha añadido.
La Asociación también ha criticado que el texto, pendiente de votación en la Asamblea de Madrid, mencione 46 fallecidos y 156 lesionados físicos y psíquicos porque asegura que estas cifras «no coinciden con ningún dato oficial, ni mucho menos con la sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional».
Además, ha calificado de «disparatadas y fallidas» las cuantías de las indemnizaciones previstas: 1.000.000 de euros para los fallecidos y 100.000 para los lesionados físicos y psíquicos. «Ninguna concuerda con las indemnizaciones que concede el Ministerio del Interior (…) Ni mucho menos se corresponde con lo fijado en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y que fue abonado, solidariamente, por el Estado español», ha sostenido.
Por este motivo, la Asociación ha reclamado a la Comunidad de Madrid que reconsidere el «impacto económico y presupuestario» del proyecto de Ley. «El informe que ha firmado no es correcto y puede ser corregido», ha apuntado. Por otro lado, la Asociación quiere saber si la norma que se tramita «resultará de aplicación, en qué medida y su alcance». «Lamentablemente, hemos padecido sorpresas muy desagradables. Eso se evita con normas claras y con estudios económicos fiables que permitan tener seguridad y certeza», ha concluido.
