Así lo ha explicado la directora ejecutiva del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidma), Ana Barreira, en cuya opinión «los ciudadanos pueden recurrir» para que se respete la legislación ambiental y «exigir a los poderes públicos, incluido el Ayuntamiento, el cumplimiento de la protección del medio ambiente». Además, varios estudios publicados en los últimos años «hablan de las muertes prematuras que provoca la contaminación del aire», ha explicado Barreira, quien ha recordado asimismo que hay que cuantificar «la repercusión económica en cuanto a hospitalizaciones, días de trabajo perdido e ingresos hospitalarios de niños con asma».
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) informó hace una semana de que en España se producen 10.000 muertes al año por la contaminación atmosférica. Además, según el informe «La calidad del aire en Europa», de 2012, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación atmosférica reduce la esperanza de vida de media entre ocho meses y más de dos años en las ciudades y regiones más contaminadas.
Barreira ha incidido en que «hay una norma que es la directiva europea de Calidad del Aire de 2008 que el Ayuntamiento de Madrid tiene que respetar». El nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha decidido aplicar una moratoria a los vehículos que no podían entrar a la zona de Madrid Central, es decir, «va a hacer una omisión completa de la legislación» porque la ordenanza «sigue vigente», según Barreira, «lo que supone la omisión como poder público de perseguir las conductas infractoras, situación que tiene consecuencias jurídicas».
«Desde el Iidma estamos analizando las vías jurídicas tanto desde el punto de vista de la jurisdicción contencioso administrativa como de la penal, porque los ciudadanos estamos obligados a respetar la ley, pero también los poderes públicos», ha añadido. Y, aunque el derecho a la salud y al medio ambiente adecuado en la Constitución española «no son derechos fundamentales, hay que analizar cómo está marcado en la ley para ver cómo iniciar un procedimiento judicial», ha concluido Barreira.
Más de 160.000 personas han firmado en la plataforma Change.org una petición para no revertir Madrid Central.
