La directora general de Control de la Edificación, Ana Perpiñán, ha explicado hoy en la comisión de Urbanismo que en marzo de 2015, la anterior corporación municipal ordenó la suspensión de las obras en la manzana de Canalejas. Al parecer excedía las autorizadas en una zona coincidente con el área declarada Bien de Interés Cultural (BIC).
Tras la suspensión les dieron dos meses para legalizar las obras, analizadas por la Fiscalía como posible delito de expolio del patrimonio. Asimismo la Comunidad de Madrid incoó un expediente sancionador. La sanción, ha explicado la directora general, "depende de si es legalizable o no" aunque ha remarcado que los responsables de la obra "tendrán que restaurar lo demolido".
No al “falso intercambiador”
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid, José Manuel Calvo, ha aseverado hoy en la misma comisión, que el consistorio madrileño "no financiará con dinero público" el "falso intercambiador" de Canalejas. El motivo es que esta construcción no supondría un beneficio para la capital sino sólo para "la adjudicataria del hotel".
Además, Calvo ha recordado el posible delito de expolio del patrimonio y ha expuesto que no es realmente un intercambiador, sino "una estación subterránea de autobuses". Se trata de uno de los "elementos en cuestión" de la operación y que han pedido a los adjudicatarios que se lo replanteen.
El delegado ha reiterado el "compromiso firme" del Gobierno municipal con el patrimonio de la ciudad, "como se demuestra con el Edificio España".
