Cerca de un millar de trabajadores de los servicios municipales externalizados del Ayuntamiento de Madrid (jardinería, limpieza pública viaria, parquímetros, reparación de calzadas, material móvil urbano, contratas, mobiliario infantil, agentes de movilidad, señalización viaria, alumbrado) se han concentrado hoy en la Plaza de Cibeles, convocados por CCOO y CGT, bajo el lema ‘Por el empleo y el mantenimiento de las condiciones de trabajo y contra el deterioro de la ciudad’.
Para ahorrar costes Ayuntamiento de Madrid ha ideado un nuevo sistema de adjudicación de los servicios externalizados, los denominados contratos integrales. Más que a concurso, los trabajadores apuntan a que el consistorio ha hecho una subasta, que en algunos casos va a suponer un recorte de más del 50% de las cantidades que venía dedicando a la prestación de un servicio.
Si un servicio se va a prestar por una cantidad sensiblemente inferior, en buena lógica se va a producir una notable pérdida de empleo (hasta el momento 350 trabajadores han sido despedidos, CCOO estima que puedan perderse más de 1.000 empleos), la modificación de sus condiciones de trabajo y, por consiguiente, un significativo deterioro de la ciudad.
Esta nueva situación está llevando, además, a las empresas a vulnerar los convenios colectivos, no aplicando la subrogación de los trabajadores que venían prestando estos servicios.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella anunció una bajada de los impuestos “porque va a pagar menos por los servicios que presta a los ciudadanos para de esta forma recuperar la imagen perdida tras la no adjudicación a Madrid de la realización de los JJOO en 2020. Lo que no dice Ana Botella es que este esfuerzo va a recaer sobre los trabajadores más vulnerables, los de las subcontratas de los servicios municipales externalizados, que muchos perderán su empleo y el que lo mantenga verá sensiblemente modificadas sus condiciones de trabajo”, según CCOO.
Los trabajadores de las subcontratas están convencidos que la prestación de los servicios va a verse muy deteriorada en los barrios de la periferia mientras que no se verán afectados los del centro de la ciudad. Los ciudadanos que viven en los barrios fuera del centro de la ciudad van a recibir unos servicios de peor calidad, produciéndose una clara discriminación entre unos y otros.
Los sindicatos se movilizan para que el Ayuntamiento modifique sus planteamientos y así no se produzca una pérdida de empleo y de condiciones de trabajo y los servicios que se prestan a los ciudadanos sean servicios de calidad. Esta es una primera iniciativa que si no consigue sus objetivos, continuará con sucesivas movilizaciones.
Desprotegidos por el Ayuntamiento
El delegado de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, ha declarado hoy en el Pleno del Ayuntamiento, que el consistorio no dispone de margen legal para defender el empleo en virtud de los nuevos contratos integrales de mantenimiento y limpieza que se iniciaron el pasado mes de agosto. El edil ha declarado que "no podemos asegurar dicho empleo ya que es una relación laboral que no compete al Ayuntamiento sino a las adjudicatarias privadas y sus trabajadores". Aunque la limpieza de la ciudad se resiente, el concejal ha defendido que a la ciudadanía se le dará "un servicio de calidad al menor coste" con este nuevo sistema.
Los portavoces de la oposición han recordado que los delegados de Medio Ambiente anteriores garantizaron que el Ayuntamiento si protegería el empleo de estos operarios, a pesar de las nuevas condiciones previstas establecer en los nuevos contratos. Pese a todo, tras hacerse públicos los pliegos, esa cláusula se eliminó.
La concejal de Izquierda Unida, Raquel López, ha detallado las consecuencias de los nuevos contratos: despidos de 175 trabajadores de limpieza viaria, 97 de áreas infantiles, 21 jardineros y 35 de mobiliario urbano, sin contar las recolocaciones propuestas por las empresas a muchos operarios en otras comunidades autónomas. Por su parte, la edil socialista, Ruth Porta, añadió que los contratos han sido una "subasta de servicios públicos" y que el consistorio ha mentido y se ha desentendido de los trabajadores.
Algunos afectados se han encuentran en situaciones de no poder cobrar el paro (los que estaban incluidos en ERE temporales). Además, las empresas ofertan como solución a los empleados la reducción de su salario en un 40%.
