Estaba todo bien atado cuando la Fiscalía Anticorrupción requirió al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, la puesta en libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al entender que había disminuido el riesgo de fuga y reiteración delictiva por parte de éste.
Después de tramitarse dicha solicitud, que establecía una aportación de 400.000 euros de González para conseguir su excarcelación, los investigadores han dado con un botín de 5,4 millones de euros en metálico que el exdirigente autonómico tenía en Colombia.
Además del dinero en efectivo, también se ha podido descubrir varios inmuebles, propiedad de González, cuyo valor se está cuantificando. Gracias a estas incautaciones, llevadas a cabo gracias a la colaboración de la Audiencia Nacional con las autoridades del país sudamericano, junto con la Justicia panameña.
Si bien el dinero será puesto a disposición de la justicia española, Colombia considera que le corresponden, señalando que las actividades delictivas también han perjudicado a ese país.
Para los investigadores queda acreditado que Ignacio González, en colaboración con el responsable de la filial latinoamericana del Canal, Edmundo Rodríguez, se beneficiaron “ilícitamente” del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el “abuso de su posición” dentro del Ejecutivo autonómico.
La compra de Inassa y Emissao a través del Canal de Isabel II supuso un desfalco de 25 millones de euros del erario público, pero que presuntamente González supo rentabilizar en forma de mordidas que supuestamente ocultó mediante un entramado empresarial.
