La Fiscalía responde así a un escrito de la presidenta de la asociación Carmen Flores, que el pasado 27 de mayo solicitó su intervención «en el caso de la retirada de Madrid Central, con lo que supone para la salud de los ciudadanos que deben soportar la gran contaminación que se produce en esa zona».
La asociación basó su petición en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a quienes por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal. Para El Defensor del Paciente no mantener la zona de bajas emisiones para evitar la «boina» de contaminación que respiran todos los ciudadanos, «supone un atentado contra la salud pública» sobre todo para quienes sufren enfermedades de corazón o pulmón.
En su respuesta, el fiscal de Sala de Medio ambiente y Urbanismo comunica a El Defensor del Paciente que «será informado de la decisión que se adopte a la vista del resultado de las diligencias que se practiquen», ha anunciado hoy la asociación. El nuevo Gobierno municipal decidió el 1 de julio dejar de multar a los conductores no residentes que circulasen por Madrid Central, mediante una moratoria que tenía previsto extender hasta el 30 de septiembre, pero por decisión judicial las multas volvieron a aplicarse el 8 de julio.
