El concejal delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, José Aniorte (Cs), se ha comprometido además a buscar una alternativa habitacional para las dos afectadas, Pepi y Rosi, después de la reunión que mantuvo con éstas. Las dos mujeres solicitaron un encuentro con el edil después de que el consistorio dejase de sufragar la estancia de ambas el pasado lunes, 1 de julio, tal y como había acordado el Ejecutivo de Manuela Carmena.
«Nos desahuciaron de la calle Argumosa los dueños que compraron el edificio y ahora el Ayuntamiento también nos echa, no tenemos dónde estar. Pensiones: hoy el día se ha cumplido y dice que no pagan más», explicaba Rosa a la agencia Europa Press; “nadie se hace cargo de nosotras”, lamentaba por su parte Pepi.
La propiedad del inmueble se halla en manos de un fondo de inversión que tendría la intención de levantar apartamentos turísticos o de lujo. El edificio fue adquirido por la empresa en Proindivisos S.L., que según explicaba Pepi hace unos meses, la única intención que tienen «especular y hacer pisos de alquiler vacacional». Dicha explicación también ha sido compartida por el Sindicato de Inquilinos, que añade que la propiedad del edificio quiso dar por finalizados los contratos de los arrendatarios para vaciar el inmueble y subir los alquileres en torno a un 300%.
Cuatro familias que vivían de alquiler en la calle Argumosa, 11 fueron desahuciadas de sus casas el pasado mes de febrero -entre ellas había un bebé y una persona discapacitada, además de Rosi y Pepi-, que fueron reubicadas en hoteles y desde la plataforma Bloques en Lucha solicitaron que fuesen realojados en un piso, como ya prometió el consistorio.
Con el cambio de Gobierno, esta problemática ha pasado a gestionarla el concejal de Ciudadanos, quien según ha anunciado a la citada agencia, el anterior Ejecutivo “se comprometió a resolver su situación asegurando que, de ser necesario, se tomarían medidas extra reglamentarias». El concejal de la formación naranja manifestó a través de las redes sociales, después de la reunión mantenida con Rosi y Pepi, que su compromiso “es buscar soluciones al grave problema de vivienda que tiene Madrid».
Desde el área explican que las familias contaban con una ayuda económica para el alta de los suministros en un apartamento en la localidad madrileña de Móstoles -503 euros-, así como el pago del 100% del coste de las pensiones desde el 22 de febrero -alrededor de 1.800 euros-. Añadir los programas de inserción laboral y búsqueda de alternativa habitacional, comprometiéndose la administración a costear el alojamiento durante los primeros meses.
