(EFE). Maroto ha emplazado a los consejeros de las distintas comunidades autónomas para que en septiembre quede delimitada esta cuestión, en una nueva Conferencia Sectorial sobre turismo que hoy se volvió a reunir en la sede del ministerio tras más de tres años.
El objetivo, ha dicho, es dotar de «seguridad jurídica a todos los agentes que operan» y evitar las «distorsiones que genera» que no exista una única definición para la vivienda de uso turístico a la hora de su regulación por parte de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias.
En esta nueva convocatoria dentro de dos meses, la ministra ha asegurado que esa definición estará ultimada para que se revisen también todas las normas que pueden afectar a este tipo de viviendas en las que sí tiene competencias el Gobierno, y ha citado a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Propiedad Horizontal.
El Gobierno anunció recientemente su intención de excluir la vivienda turística de la ley de arrendamientos de temporada para «ajustar» de este modo una mejor definición. Además, la ministra ha explicado que desde su departamento está participando en el plan director contra la explotación laboral coordinado por el Ministerio de Trabajo y ha dicho que prevén incorporar algunas mejoras en las condiciones de los trabajadores del sector, en especial en los de la hostelería.
Sobre esta cuestión, Reyes Maroto ha recordado que ha solicitado a las comunidades autónomas que apoyen los distintos convenios colectivos que se están negociando entre patronal y sindicatos, y ha citado el caso de Baleares y el País Vasco.
La ministra ha adelantado también la creación de otro grupo de trabajo para la mejora de la estadística y la digitalización turística.
Ha explicado que, con esta «mesa de mercadotecnia digital» desde Turespaña, el ministerio pretende mejorar el uso de los datos y del «big-data» para «conocer mejor» a los visitantes y a aquellos que no eligen los destinos españoles.
