El 2 de septiembre llaman no sólo a defender La Ingobernable, un edificio de titularidad municipal okupado hace dos años, sino también otros espacios como La Dragona, el EVA, Esto es una Plaza o la Salamandra y «cualquier proyecto político y cultural» que a su juicio genere una ciudad «que merezca la pena ser vivida» pues la actual «excluye a las vecinas». Este centro social ha permitido, según han destacado en rueda de prensa dos de sus portavoces, Laura y Serlinda, que las organizaciones feministas, de vivienda, ecologistas y antifascistas estén «más organizadas y juntas que nunca» gracias al «apoyo mutuo y la solidaridad».
Por ello, harán frente a la amenaza de desalojo manteniendo la actividad «desbordante» que llena el espacio desde mayo de 2017: 50 colectivos y 1.000 personas que a diario hacen uso de un inmueble que, aseguran, escondía un «pelotazo del PP», la cesión a la Fundación Ambasz para que lo derribase y edificase en su lugar un museo al arquitecto argentino. El 2 de septiembre estarán «juntas, organizadas, esperando pase lo que pase, sabiendo además e insistiendo en que no nos van a poder desalojar», ha señalado una de las portavoces del centro, que mantiene su actividad durante el mes de agosto.
Esgrimen apoyos como los de la asamblea del 8 de marzo en Madrid, Ecologistas en Acción o Fridays for Future. Además, han cargado contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (PP) que el pasado miércoles anunció que actuaría dentro de la ley pero con toda la fuerza de la ley contra este centro, unas declaraciones que consideran «violentas» y una «amenaza» frente a su predisposición de «diálogo y no violencia».
Y han subrayado que «,más allá de la legalidad o no Madrid necesita un edifico como éste, un espacio donde hacer política como éste y lo sigue necesitando». El desalojo debe ser notificado, pero hasta ahora no han recibido ninguna comunicación por parte del Ayuntamiento de Madrid, propietario del inmueble, han detallado. La Ingobernable comenzó a funcionar el 6 de mayo de 2017, cuando varios ciudadanos okuparon un edificio vacío situado en el paseo del Prado y propiedad del Consistorio, que en 2015 la entonces alcaldesa Ana Botella había cedido a la Fundación Ambasz para demolerlo y edificar en su lugar un museo. Un año después, en 2018, el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Manuela Carmena recuperó el edificio para el patrimonio municipal para lo que tuvo que abonar 1,4 millones a la Fundación Ambasz como indemnización.
