Salamanca ya declaró por esta pieza, la número 1 del caso, el pasado día 12, pero no le dio tiempo a contestar a todas las preguntas sobre su implicación en los trabajos supuestamente ilícitos de Villarejo para unos guineanos, ni sobre un audio encontrado en otra pieza, la del BBVA, relacionado con King. Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el magistrado Manuel García Castellón le ha emplazado para el próximo día 29 con el objetivo de que de su versión de sus supuestas gestiones para facilitar los visados. También será preguntado por el audio encontrado en la pieza 9 del caso, la que gira en torno a la contratación de Villarejo por parte del BBVA.
Se trata de una conversación de este excomisario con el constructor José Pedro Iglesias Moure, que le pagó medio millón de euros por un trabajo de consultoría que está siendo investigado. En el audio, Villarejo y Moure hablan de su amistad con Salamanca, a quien llaman «Charlie», por lo que se sospecha que el excomisario de Barajas pudo ser el intermediario para que el constructor contratara a Villarejo. En su declaración del día 12, Salamanca justificó parte de sus gastos en el dinero en metálico que le gustaba tener ahorrado en su casa -uno 15.000 o 20.000 euros- y calculó que desde 2003 y 2011 la cantidad total pudo alcanzar los 225.000.
Su comparecencia se ciñó entonces a la vertiente patrimonial y explicó que por motivos de seguridad guardaba importantes cantidades en metálico que iba sacando de su sueldo -entre 40.000 o 45.000 euros al año- y que extraía periódicamente del banco. A este dinero de su sueldo sumó también una indemnización que recibió por un accidente de tráfico y un premio de lotería. El anterior instructor de esta causa, Diego de Egea, archivó la investigación con respecto a Salamanca en la pieza King, relativa a un trabajo que hizo con Villarejo para unos clientes de Guinea Ecuatorial para perjudicar a uno de los hijos del dictador de ese país, Teodoro Obiang.
Pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó en diciembre esta decisión al considerar que aún quedaban pendientes diligencias decisivas como el análisis de su teléfono móvil o un informe sobre su patrimonio. Salamanca -que ya fue investigado por el caso Emperador- ingresó en prisión junto a Villarejo en noviembre de 2017 y quedó en libertad cinco meses después por orden de De Egea con medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y presentaciones mensuales en el juzgado más próximo.
