Desde la puesta en marca de Madrid Central el 30 noviembre de 2018, la ordenanza dio siete meses de gracia para que los residentes que tenían su matrícula registrada en el sistema de las anteriores áreas de prioridad residencial (APR) y tenían que hacerlo antes del 30 de junio. Sin embargo el anterior equipo de Gobierno no alertó de esta situación a los residentes, ni envió ninguna comunicación específica al respecto.
En aplicación de la ordenanza, a partir del 8 de julio (una semana después porque durante los siete días anteriores estuvo en vigor la moratoria) se comenzó a multar a las más de 5.300 matrículas de residentes que no se habían dado de alta en el sistema «Algunos residentes recibieron una multa, pero otros recibieron hasta 20», han señalado han indicado a Efe fuentes de movilidad y medio ambiente. Según han asegurado al detectar lo que estaba ocurriendo el nuevo equipo de Gobierno alertó a los residentes telefónicamente llamando a cada uno de ellos.
Desde el consistorio indican que los residentes pueden presentar alegaciones -que se compromete a revisar- pero las multas se han interpuesto en aplicación de la ordenanza, tal y como obligó a hacer la Justicia al suspender la moratoria. Desde el equipo de Gobierno subrayan que la sucesión de fallos de un sistema que «no se había testado» y citan como ejemplo la «arbitrariedad» a la hora de interponer las multas en función del distintivo ambiental -los b y los c no se multaron hasta después de las elecciones- las 6.600 multas que se tuvieron que anular por los fallos al registrar el paso de los vehículos o que el sistema se cayó en septiembre.
Asimismo, subrayan que la «intención» de la moratoria era precisamente evitar todos estos fallos, testar el sistema, hacer una auditoría y también acometer una nueva campaña informativa hacia la ciudadanía, algo que impidió el fallo judicial.
