La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado las medidas cautelares que solicitaba la Comunidad de Madrid en lo referente a la aplicación de Madrid Central por parte del Ayuntamiento de la capital. El órgano judicial interpreta que no concurren los presupuestos legales para la adopción de tal medida, argumentándose en el auto que «no se producen efectos irreversibles o perjuicios irreparables ni es imposible ejecutar una hipotética sentencia anulatoria de la disposición impugnada».
El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó dos recursos contencioso-administrativos contra la zona de bajas emisiones puesta en marcha por el consistorio. Uno iba dirigido contra la ordenanza de Movilidad Sostenible mientras que el segundo solicitaba la suspensión del acuerdo que desarrolla el régimen de gestión y funcionamiento de Madrid Central. El Ejecutivo autonómico sostenía que la gran APR suponía la entrada en vigor de una serie de restricciones que sobrepasan lo previsto en la propia normativa municipal.
