El pasado sábado 13 de julio a las 14.00 terminó el plazo para presentar alegaciones al borrador para la nueva ordenanza de terrazas que el ayuntamiento ha cocinado a medida de los hosteleros de Madrid. Sorprendentemente, en un tiempo record de 4 días se revisaron y consideraron estas alegaciones, y el día 18 de julio la junta de gobierno de Botella aprobaba esta ordenanza sin considerar ninguna de las 39 alegaciones vecinales.
El pasado mes de octubre el ayuntamiento aprobó una normativa denominada Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), supuestamente para limitar la saturación de ruido provocado por el ocio nocturno. A diferencia de la anterior, la tramitación de esta normativa tardó varios meses, de lo que la principal organización de empresarios de la noche se felicitaba como un éxito propio; por haber conseguido que el ayuntamiento retrasara su aprobación, vaciara de contenido esa normativa y alcanzase con ellos el compromiso para aplicarla – dada su premeditada indefinición – a expensas del organismo denominado AGLA (Agencia de Gestión de Licencias de Actividad).
El responsable de AGLA es el concejal de Seguridad, a pesar de ser una agencia económica,José Enrique Núñez; sobre cuya gestión, en su etapa como concejal del distrito centro, la plataforma Vecinos Madrid Centro ha pedido una auditoria a Botella, sin ninguna respuesta por parte de la alcaldesa meses después.
Apenas hace dos años, un mes antes de las anteriores elecciones, el ayuntamiento aprobó, de manera sigilosa, una modificación de la anterior ordenanza de terrazas. Con esta nueva ordenanza, el ayuntamiento acelera su estrategia – ya iniciada hace años con la eliminación de bancos y árboles de nuestras plazas, o sospechosas peatonalizaciones – para privatizar el espacio público. Con esta nueva ordenanza, los hosteleros – fundamentalmente – se apropiaran de nuestras plazas a calles a un precio ridículo, entre 10 y 74 €/m2 año, poniendo en evidencia el modelo de ciudad que nos ofrece Botella, en el que los ciudadanos tendrán que pagar a un hostelero por disfrutar de una plaza o una calle, cuya construcción y mantenimiento se pagó con sus impuestos. Según cifras del propio ayuntamiento ya se ha ocupado suelo público equivalente al tamaño de 50 campos de futbol con terrazas en Madrid.
La consecuencia parece tan obvia: noches en vela para los vecinos, calles más sucias y mayores dificultades para caminar; en especial para peatones invidentes o con movilidad reducida. Todo ello sirviéndose como excusa del paro y la crisis económica.
Sólo un ejemplo sobre las garantías de esta norma: una terraza podrá abrir de un día para otro. Si incumple la ordenanza, y la incumplen sistemáticamente más del 80%, tardará meses en pagar las sanciones que supuestamente le fueran impuestas, pudiendo seguir funcionando; ya que el hipotético levantamiento de las terrazas del que habla la ordenanza resulta imposible; en centro hay miles de terrazas y un sólo camión para retirarlas.
La alcaldesa tiene en sus manos una estupenda ocasión para demostrar a los vecinos, a los que le gusta referirse, somos algo más que pagadores de tributos y tasas exageradas, y comparsas sufrientes de todo este "terrazón" que engorda el caldo a uno pocos a costa de la salud de muchos.
