Con motivo del Día Mundial del Hábitat, que se celebra este lunes 5 de octubre, Amnistía Internacional salió ayer de nuevo a la calle para instalar en la Plaza de Callao una vivienda desalojada, en la que los objetos que hay en su interior “explican” la historia de la familia que dejan atrás. Activistas y asistentes pudieron pasear por ella para comprender algunas de las violaciones de derechos humanos que se producen en el marco de los procesos de ejecución hipotecaria. Con esta acción simbólica, la organización, que ha publicado el informe ‘Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España‘ pretende llamar la atención sobre cómo cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios.
Tal y como denunció Amnistía Internacional, entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria en España. A nivel internacional, el Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas ha pedido a España que asegure la accesibilidad a recursos jurídicos para las personas que se enfrentan a procedimientos de ejecución hipotecaria y han recordado que el gobierno debe garantizar que su legislación y su aplicación sean conformes con las obligaciones del PIDESC (Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales).
Medidas concretas
Amnistía Internacional ha pedido además a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales el compromiso de tomar medidas concretas, como la adopción de una Ley sobre el derecho a la vivienda que defina el contenido y alcance del derecho a la vivienda. Asimismo, la organización reclama una reforma constitucional que refuerce las garantías de protección del derecho a la vivienda y que asegure el acceso a la justicia ante vulneraciones de este derecho.
A pesar de que ha habido algunos avances, como el acuerdo del Fondo Social de Vivienda para ampliar en 3.974 el número de viviendas a disposición de personas especialmente afectadas por la crisis y de flexibilizar los criterios de acceso a las mismas, estas medidas no son suficientes. Amnistía Internacional insta una vez más al Gobierno a adoptar medidas legislativas para proteger y realizar el derecho a una vivienda adecuada.
Más información
Amnistía Internacional lanzó el pasado mes de junio la campaña #UnaPuertaUnaHistoria, para exigir al Gobierno que proteja el derecho a la vivienda. Más de 70.000 personas han firmado su ciberacción para recordar al gobierno que ninguna persona debería encontrarse indefensa por no poder pagar una hipoteca.
