La entrada en vigor de la suspensión de las multas de Madrid Central acordada por el alcalde, José Luis Martínez Almeida (PP), que gobierna en coalición con Ciudadanos, fue frenada preventivamente el viernes tras el recurso presentado por las organizaciones Ecologistas en Acción y Greenpeace para paralizar la decisión municipal. Al conocerse el auto, el consistorio indicó que se haría efectivo a partir de este lunes, ya que se les comunicó el pasado viernes después de las tres de la tarde, por lo que, según el PP, los «efectos de plazo del recurso es como si se hubiera comunicado el lunes».
Además, el Ejecutivo municipal ha argumentado que durante este fin de semana gran parte del área de Madrid Central ha contado con restricciones al tráfico debido a las celebraciones del Orgullo. La moratoria que comenzó el pasado 1 de julio, y que se extendía hasta el 30 de septiembre, ha durado una semana, por lo que los conductores que accedan indebidamente a este área de bajas emisiones recibirán una sanción.
Madrid Central fue una de las medidas estrella del anterior Gobierno municipal, de Manuela Carmena. El 30 de noviembre de 2018 entró en vigor este área de bajas emisiones, aunque sólo a partir del 16 de marzo comenzaron las multas por incumplimiento de la normativa, con un coste de 90 euros (45 con pronto pago).
Pueden entrar en el área de bajas emisiones de 42 hectáreas los vehículos con la distinción de la DGT de etiquetas Cero y Eco y residentes. Los coches con distintivo B y C pueden acceder a Madrid Central si aparcan en un parquin o sí tienen una invitación, que ha de ser solicitada por un residente. Por otro lado, los vehículos que no cuenten con etiqueta podrán acceder hasta el 2020 si cuentan con la invitación de un residente.
La reactivación de las multas una semana después de la moratoria aplicada por el Ayuntamiento se debe a que la Justicia -tras el recurso presentado por Ecologistas en Acción y Greenpeace- decidió paralizar la medida de forma cautelar «provisionalísima» y de «inmediato cumplimento», y da al Gobierno municipal un plazo de tres días para alegar «lo que estime prudente». El Ayuntamiento ya advirtió que recurrirá la decisión judicial «en tiempo, y forma» y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, afirmó que aplicarían con total respeto desde el lunes la suspensión cautelar de la moratoria de multas de Madrid Central decidida por la Justicia, y recordó que es «una medida cautelar, no definitiva».
