Al igual que ya ocurrió con el caso de la calle Millán Astray -en Latina-, el magistrado emite dicho auto con el objetivo de no perjudicar a “los intereses generales” ante una eventual estimación del recurso en contra del cambio de nombre del callejero, medida tomada por el Ejecutivo municipal de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica.
De esta manera, el juez interpreta que habría que deshacer el cambio si el pleito se decanta a favor de los detractores de la medida tomada por la corporación municipal. Así, el magistrado expone que los particulares afectados, cifrados en más de 500 entre comerciantes y vecinos, «deberían realizar gestiones urgentes para dar a conocer la nueva denominación cuyo coste económico y personal resultaría preponderante».
El Ayuntamiento ya había paralizado «cautelarmente» a finales de julio el cambio de placas de calles en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El consistorio señaló entonces que no actuarían hasta que los tribunales se pronuncien sobre las medidas cautelares solicitadas en los recursos contenciosos-administrativos interpuestos.
