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04/01/2012 - Almudena Cortés Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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El local que fue clausurado se encuentra en la calle Francisco de Rojas.
El local que fue clausurado se encuentra en la calle Francisco de Rojas.
Problemas de gestión en una licencia obligan a la Junta a pagar una indemnización millonaria

El concejal socialista del distrito, Diego Cruz, ha calificado de “irresponsable” la gestión de licencias del grupo de Gobierno del Partido Popular. Una afirmación provocada por un caso concreto, por el que la Junta Municipal de Chamberí ha tenido que pagar al dueño de un local  1.268.283,37 euros como indemnización debido al “cierre ilegal de su local en el año 1998”. 

La historia comenzó en 1997, cuando al dueño del local, situado en la calle Francisco de Rojas número 9, se le solicita una documentación que éste se opone a presentar, ya que era un trámite previo a la concesión de la licencia que ya tenía en sus manos. Como resultado de esto, el local es clausurado en 1998. 

En el año 2002 el Tribunal Superior  de Justicia sentenció que la “denegación de la licencia de funcionamiento no era ajustada a derecho”, por lo que le dió la razón al dueño del bar. 

Tras varios trámites judiciales, se fijó la cifra de indemnización en 1.268.283,37, que fue abonada en el mes de mayo de 2011. Una cifra en la que se incluye el lucro cesante, la pérdida del fondo de comercio (clientela, marca...) y los alquileres abonados con el bar cerrado. 

Diego Cruz no entiende cómo el Ayuntamiento “no se ha opuesto en todo el procedimiento al pago de esta cifra; hicieron el procedimiento administrativo mal, ni siquiera han planteado una tasación distinta de las del dueño del local y el Tribunal”. 

Una visión que nada tiene que ver con la del Ejecutivo. Según ha informado a EL DISTRITO el servicio jurídico del Ayuntamiento, este caso “no ha sido una actuación negligente. El Ayuntamiento recurre siempre que le es posible, pero en este caso no se hizo porque el Tribunal Supremo no admitía este tipo de recurso”. Explican que han sido causas técnicas las que han impedido que se recurra. 

“En esa época hubo un cambio normativo que impedía el recurso de casación”, un trámite que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha cumplido las solemnidades legales. “De todas formas -añaden- no entendemos por qué se saca este asunto ahora, cuando han pasado 14 años, y la indemnización se pagó en mayo, con la anterior edil”.

Comentarios: 1
julio alvarez dijo el 09/01/2012 a las 21:21h.
toma yaaa!   Avisar al moderador








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